INFORME ESPECIAL

En el Huila dos aspirantes al Senado y 2 a la Cámara tienen serios cuestionamientos

La alerta la hace la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), organización no gubernamental que hace constantes investigaciones sobre asuntos políticos, derechos humanos y la problemática de la violencia que vive Colombia.

DEJAR MORIR Y DERECHO A MORIR

CARICATURA DEL DÍA

Dos aspirantes al Senado de la república y dos a la Cámara de Representantes, quienes están en campaña con la intención de inscribirse para participar en la contienda del año 2022, están seriamente cuestionados por investigaciones fiscales, disciplinarias y judiciales.

La alerta la hace la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), organización no gubernamental que hace constantes investigaciones sobre asuntos políticos, derechos humanos y la problemática de la violencia que vive Colombia.

Son 127 los precandidatos cuestionados en todo el país

El amplio informe revela que son 127 precandidatas y precandidatos con cuestionamientos en varios departamentos de todo el país y de varios partidos políticos.

Los partidos que tienen estos precandidatos en su lista de aspirantes o con la intención de otorgar avales son: el Partido Conservador (26 precandidaturas cuestionadas), Partido de la U (24), Partido Liberal (24), Cambio Radical (24), y Centro Democrático (17).

Dos aspirantes a la Cámara por el Huila

Según el informe de PARES, los dos precandidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila son: Edgar Bonilla Ramírez, quien se ha desempeñado como asesor de despacho de Rodrigo Villalba cuando fue gobernador del Huila y ministro de Agricultura. También ha sido concejal de Garzón, Huila, y alcalde en dos ocasiones del mismo municipio. Es cercano al dirigente político Rodrigo Villalba y al Partido Liberal, pero se ha acercado a los González Villa. Es precandidato por el partido Cambio Radical y pertenece al clan de Rodrigo Villalba.

Edgar Bonilla

Cuestionamiento:

El nombre de Bonilla Ramírez aparece asociado a una investigación por un contrato suscrito entre Comfamiliar y la Entidad de Salud del Estado (ESE), del municipio de Garzón, por 6.000 millones de pesos, cuando la cobertura e infraestructura de las entidades señaladas era limitada. Armando Ariza Quintero, exdirector administrativo de Comfamiliar, sentenciado por ese caso en el departamento, sostuvo que existía una triangulación entre la caja de compensación, los alcaldes y la ESE. Edgar Bonilla fue capturado en 2017 por este proceso, pero tras 48 horas fue liberado. Se desconoce alguna sentencia que involucre a Bonilla. También tiene una investigación disciplinaria por irregularidades en un contrato para la pavimentación de una vía en Garzón, por 1.022 millones de pesos, en el que habría puesto condiciones “desproporcionadas” que limitaron la participación de oferentes. Está en juicio por este hecho en este momento.

David Cangrejo

David Andrés Cangrejo Torres. Es médico y cirujano. Fue gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, y apunta a ser precandidato por el Partido Conservador en el 2022.

Cuestionamiento:

A Cangrejo Torres le fue ordenada una medida de aseguramiento intramuros por un Juez Único Promiscuo Municipal de Aipe (Huila), en 2016, ya que presuntamente participó de un grupo que ordenó a empleados apoyar políticamente al candidato al Concejo de Neiva Edwin Felipe Hernández Álvarez, exigiéndoles comprar bonos de solidaridad de diferente valores proporcionales a su remuneración salarial (entre 50 mil, 100 mil y 200 mil pesos). Los delitos imputados son concierto para delinquir, constreñimiento electoral, concusión y participación en política como funcionario público. En el mismo 2016 se revocó la medida de aseguramiento, mientras el proceso continuaba. Cangrejo continúa en juicio por estos hechos.

Alvaro Hernán Prada

Dos aspirantes al senado

Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Es precandidato al Senado por el Centro Democrático. Es abogado especializado en Gobierno y Gestión Pública. Ha sido candidato a la alcaldía de Neiva, asesor político de Horacio Serpa, secretario general del IDEAM y, en el 2014 y 2018, fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, hasta que renunció a su curul en el marco de unas investigaciones adelantadas por manipulación de testigos.

Cuestionamiento:

Álvaro Prada tiene abierto un proceso en la Corte Suprema de Justicia por una aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y grupos paramilitares. Esto habría ocurrido con la intermediación de Carlos López, alias ‘Caliche’. Si bien renunció a su curul para que la investigación pasara a manos de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia mantiene el proceso ya que Prada habría utilizado su condición de congresista para tener el acercamiento con Monsalvo y presionarlo. A pesar de los diversos cuestionamientos y maniobras para renunciar al Congreso, Prada reconoció en una reciente entrevista que buscaría aspirar al Senado en 2022 en la lista de su partido: Centro Democrático.

Carlos Julio González Villa

Carlos Julio González Villa. Es psicólogo especializado en psicoterapia y trauma complejo. Ha sido concejal de Neiva en dos ocasiones, diputado a la Asamblea Departamental, representante al Cámara por Huila en 2002, Senador en 2006 y gobernador del Huila en el periodo 2016-2019.

Cuestionamiento:

González tiene cinco procesos penales abiertos en la Corte Suprema de Justicia de los que, por ser de carácter privado, se desconoce su contenido. Por otro lado, es hermano de Cielo González Villa, quien ha sido señalada de varios hechos de corrupción en el departamento del Huila. Cielo González ha tenido más de 30 investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, entre las que se encuentra que fue sancionada e inhabilitada por la Procuraduría por la firma de un convenio interadministrativo, por 944 millones de pesos, con la Universidad Surcolombiana para la interventoría de contratos de obra, sin que esta tuviera experiencia. Esto habría sucedido cuando ella era alcaldesa de Neiva. Además, acaba de ser condenada a 48 meses de cárcel por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por firmar irregularmente un contrato por 360 millones de pesos para mejorar el acueducto de Neiva. Cielo González también fue sancionada por utilizar 30.000 millones de pesos del reservorio para Neiva y por obras contratadas y no construidas. Su esposo, Germán Trujillo fue sentenciado a 3 años de cárcel por incumplimiento de un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Santander, firmado por más de 30.000 millones con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana, empresa con lazos con los hermanos González Villa. Trujillo fue imputado por los delitos de falsedad Ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Si bien en la legislación penal de Colombia las personas investigadas no están impedidas para aspirar a cargos de elección popular, si es motivo de escándalo que estas personas intenten buscar el respaldo del electorado, en una coyuntura donde una de las principales banderas esgrimidas por candidatos decentes es precisamente la lucha contra la corrupción que carcome todas las esferas de lo público y privado.

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