INFORME ESPECIAL

Acción popular para pedir la caducidad del contrato de la Ruta 45 sería una pretensión tardía, dicen jurisconsultos

Manifiestan los especialistas en las ciencias jurídicas, que este mecanismo constitucional debió de interponerse hace tres o dos meses atrás, para que hubiera surtido las pretensiones allí solicitadas

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EDITORIAL

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Informe Especial

El recurso jurídico, constitucional de la Acción Popular para demandar al gobierno nacional y sus entes encargados del manejo contractual de la Ruta 45-Neiva-Pitalito-Mocoa-Santana, instaurado en últimas horas, sería una pretensión tardía, pues la decisión de ceder el contrato o declarar la caducidad del mismo, se dará el viernes 30 de octubre, como lo anunciaron el pasado 8 de octubre a los congresistas huilenses, las autoridades viales del país.

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El abogado laboyano Melquicedc Torres, en su cuenta de Facebook, escribió en la fecha del jueves 29 de octubre lo siguiente: “Atención.Me permito informar que hoy he radicado una demanda de ACCIÓN POPULAR en contra del Presidente de la República, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, el INVIAS y el consorcio Aliadas para el Progreso S.A.S., por el reiterado, permanente y grave incumplimiento de la concesión No. 012 de 2015 que cubre la Ruta 45 tramo Neiva – Pitalito – Mocoa – Santana, y los enormes daños causados a toda la región Surcolombiana”.

Frente a esta demanda https://svcnoticias.com/ consultó a expertos juristas especializados en derecho administrativo y constitucional, quienes conceptuaron que dicha Acción Popular, instaurada un día antes de la fecha en que el ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, tome una decisión sobre el mecanismo que utilizarán para definir esta situación, no tendrá ningún efecto jurídico y consideran que es tardía esta pretensión legal.

Manifiestan los especialistas en las ciencias jurídicas, que este mecanismo constitucional debió de interponerse hace tres o dos meses atrás, para que hubiera surtido las pretensiones allí solicitadas. Dicen los expertos, que al radicar dicha demanda en la fecha del jueves 29 de octubre, el proceso que debe seguir la Acción Popular es bastante largo, pues posterior a su radicación, debe esperarse el reparto de dicha demanda para saber a qué magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca corresponde el estudio, para admitir o rechazar la demanda, si es del caso. Después de este proceso, que puede demorarse por lo menos 10 días hábiles, partiendo de la celeridad de la justicia, comenzará un largo camino y estudio para fallar si acepta o no, acoger las medidas cautelares y después seguir el curso ordinario que tienen estos procesos.

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Como es de público conocimiento, el jueves 8 de octubre, el bloque parlamentario del departamento del Huila, con la excepción de los congresistas del Centro Democrático, se reunieron en el despacho del ministerio de Transporte con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutíerrez, y el director de INVIAS, Juan Esteban Gil Chavarría, donde se anunció por parte de estas autoridades, que el 31 de octubre se definiría la suerte de este contrato con la empresa Aliadas.

Existe la incertidumbre de si se da la caducidad de dicho contrato, o la entreguen en cesión a otra empresa constructora que continúe la obra. Pero el plazo se cumple el sábado 31, por lo que se presume que el viernes 30 seguramente se conocerá qué pasará con este contrato, pues además, el gobierno nacional no puede dilatar por más tiempo esa decisión porque ello traería consecuencias jurídicas y económicas a estos entes gubernamentales.

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