opinión

De las infamias de Antonio María Curaca Pajoy

Esa es la razón para firmar, de mi parte, que el Dr. Marco Adrián Artunduaga Gómez, Alcalde de Timaná, no asumió la responsabilidad política y administrativa que sobre él recae por no haberse realizado en la Alcaldía la revisión jurídica del Proyecto de Acuerdo Aprobado, a la que está obligado legalmente, antes de sancionarlo y enviarlo a la Gobernación

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EDITORIAL

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Opinión

De las infamias de Antonio María Curaca Pajoy

Escrito por: Manuel Salvador Molina Hurtado*

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.” SÓFOCLES, poeta trágico griego.

En artículo publicado en el día de ayer, el abogado Antonio María Curaca Pajoy, afirma que el suscrito ha realizado comentarios injuriosos e infundados en contra del Alcalde de Timaná, Dr. Marco Adrián Artunduaga Gómez, lo cual resulta muy respetable para mí, pero, también para mí, alejado de la verdad o, por lo menos, de la mía, por cuanto aprendí en la universidad que en materia de aplicación de normas a casos concretos siempre existe el riesgo de equivocarse, que ningún abogado puede creerse el dueño de la verdad jurídica. Esto, explicado en términos sencillos, porque, en esencia, el derecho es de interpretación y, por ello, se halla como una conquista de la civilización el reconocimiento a la figura de la doble instancia; vale decir, que las decisiones de un Juez sean susceptibles de ser  revisadas por otro Juez.

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Hecha la anterior precisión, observemos las siguientes consideraciones:

Se pregunta acerca de los motivos que me llevan a firmar que el Alcalde de Timaná, Dr. Marco Adrián Artunduaga Gómez, “persigue confundir a la comunidad y a la opinión pública para evadir responsabilidades políticas y administrativa a la comunidad y a la opinión pública”.

Respuesta: A que el Dr. Marco Adrián Artunduaga Gómez nunca reconoce que él o su Administración se equivocan.

Rememórese, con respecto a este asunto, que, inicialmente, cuando se conoció que la Gobernación le había enviado al Honorable Tribunal el Acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal con el respectivo escrito de observaciones, el mismo Dr. Marco Adrián Artunduaga Gómez, expresó airadamente por los medios masivos de comunicación que la Gobernación le había cercenado el derecho al debido proceso, según él, por no haberle remitido copia del escrito con que dicha dependencia seccional le envió el Acuerdo a la mentada Corporación Judicial, para organizar su defensa judicial.

Sin embargo, quedó demostrado posteriormente que el Departamento Jurídico del Departamento, sí la había enviado a la Alcaldía y al Concejo Municipal.

Y, claro, no hubo un gesto de caballerosidad que le presentara excusas a los funcionarios de dicha oficina estatal de abogados.

Luego se logró establecer que, efectivamente, era cierta la causal invocada por la Gobernación para haber enviado a revisión constitucional y legal el precitado Acuerdo: se incumplió el término legal exigido de dejar transcurrir  tres días entre los dos debates deliberatorios. Entonces, como es su inquebrantable costumbre, el Dr. Marco Adrián Artunduaga Gómez buscó a quien endilgarle la culpa, la cual recayó en el ponente del Proyecto, a quien todavía no deja en paz; recuérdese que la semana inmediatamente anterior a través de emisora comunitaria reiteró contra el joven ponente la responsabilidad de la violación del término, procurando ocultar lo que por todos es sabido: que, tal como lo ordena el Reglamento Interno del Concejo, -Art. 64, Num. 1- es competencia del Presidente del Concejo convocar las sesiones, y del Alcalde la revisión del Proyecto aprobado para, si cumple los requisitos, enviarlo para su revisión a la Gobernación. -Arts.153-5-

Esa es la razón para firmar, de mi parte, que el Dr. Marco Adrián Artunduaga Gómez, Alcalde de Timaná, no asumió la responsabilidad política y administrativa que sobre él recae por no haberse realizado en la Alcaldía la revisión jurídica del Proyecto de Acuerdo Aprobado, a la que está obligado legalmente, antes de sancionarlo y enviarlo a la Gobernación.

Ahora, tiene que ser mucho el desespero de Antonio María Curaca Pajoy, por congraciarse con el Alcalde, porque no de otra forma podría explicarse que se enoje con este columnista -hasta llegar al agravio- porque  escribo “el Alcalde” cuando me refiero a quién es el responsable de revisar el Acuerdo antes de enviarlo a la Gobernación, como así lo señala la Ley, en lugar, como quiere él, que escriba “la Oficina Jurídica de la Alcaldía”.

Dicho en otras palabras, que no debo utilizar el vocablo contenido en la Ley, sino otro -de su gusto- que le posibilite a su amigo Alcalde evadir su responsabilidad y, en consecuencia, se la descargue a sus subalternos, a los abogados que le son leales. La demostración palmaria de la carencia absoluta de liderazgo y de pudor.

Reitero, siempre buscando a quien echarle la culpa para no asumir la responsabilidad que le es propia. Y, como no ha hecho nada, de todo culpabiliza al Gobernador.

Lo acabado de exponer encuentra sustento en la Ley 136 de 1994:

“…ARTÍCULO   78.- Objeciones. El alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo por….ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas.

(…)

 Si el Concejo no estuviere reunido, el alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las objeciones. Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco días.

ARTÍCULO 80.- Objeciones de derecho. Si las objeciones jurídicas no fueren acogidas, el alcalde enviará dentro de los diez días siguientes, el proyecto acompañado de una exposición de motivos de las objeciones al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el municipio. Si el Tribunal las considera fundadas, el proyecto se archivará. Si decidiere que son infundadas, el alcalde sancionará el proyecto dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Si el tribunal considera parcialmente vaciado el proyecto, así lo indicará al Concejo para que se reconsidere.

(…)

ARTÍCULO 82.- Revisión por parte del Gobernador. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con la atribución del numeral diez (10) del artículo 305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los acuerdos.” (la negrita y la cursiva no son originales).

De otro lado, expresé que la caída del Acuerdo del Plan De Desarrollo era un estruendoso fracaso, porque, a mi parecer, lo fue, a diferencia del parecer del abogado que aquí me recrimina. Y, lo digo con la autoridad que me permite el haberle hecho seguimiento a todo el proceso de elaboración del prementado Plan. Un Plan que Timaná ni ningún municipio se merece por la manera tan irresponsable como se hizo, y como quedó.

Y que de lo que sí se tiene claridad es que contiene proyectos que no le convienen a Timaná, como la concesión del alumbrado público, con vigencias futuras a veinticinco años. Ese pareciera ser uno de los afanes de salvarlo “incólume”.

Así, se entiende por qué en la columna del suscrito “DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL POR PARTE DE LA  GOBERNACIÓN ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. PRIMERA PARTE”, Pág. 3, registré:

“A propósito, y para terminar, a título de ejercicio mental, cabría preguntarse si hubo un contrato de prestación de servicios profesionales y el valor económico pactado, para asesorar y apoyar a la alcaldía en el proceso de elaboración y construcción colectiva del Plan de Desarrollo pulimentado, y, desde luego, si incluía la obligación de hacer seguimiento a la ejecución de  tal objeto contractual hasta su real y efectiva culminación: la aprobación en el Concejo.”

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En ese entonces, no tenía idea de que el contratista a quien me refería  era un pariente cercano al abogado Antonio María Curaca Pajoy, el articulista que hoy, infructuosamente, ha pretendido menoscabar mi honra y buen nombre timanense en defensa del Alcalde y del, tan cuestionado, Plan de Desarrollo Municipal, que elaborara un cercano familiar de él, por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.000.000.00 M/CTE.).

Y, presumo que, de igual modo, en defensa de sus intereses personales, como quiera que, también, se desempeña como abogado externo de la Empresa de Servicios Públicos de Timaná –Emptimaná, mediante contrato por valor de DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000.00 M/CTE.), a terminar el 31 de diciembre.

Finalmente, aprovecho, para repetirle a la Administración de Timaná, que sigue mi mano tendida para ofrecerle mi desinteresada colaboración, como esperan muchos timanenses que no comprenden la exclusión imperante.

Timaná, Huila, 29 de septiembre de 2020.

*Manuel Salvador Molina Hurtado

Abogado Constitucionalista y Administrativista, Ex Personero Municipal de Timaná, Ex Consejero Departamental de Paz del Huila.

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