INFORME ESPECIAL

Habría nexos entre las masacres de Algeciras y algunos asesinatos en Pitalito

Algeciras a la fecha registra un total de 23 homicidios, incluyendo las víctimas de las dos masacres, mientras el municipio de Pitalito registra a la fecha 22 homicidios, el más reciente ocurrido en el corregimiento de Criollo el viernes 25 de septiembre

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EDITORIAL
El personero de Pitalito en la cuerda floja

Informe Especial

Los múltiples asesinados de líderes sociales, comunales y personas en el municipio de Algeciras, sumado a las últimas dos masacres ocurridas, la una el pasado 16 de julio, y la más reciente el pasado miércoles 23 de septiembre, no son ni mucho menos cometidas por la delincuencia común, como lo aseguraron altos oficiales del Ejército Nacional.

Estos homicidios y masacres, tienen posibles nexos con otros asesinatos registrados en el municipio de Pitalito, desde el comienzo del año, que paralelo a Algeciras, se disputan el primer lugar en homicidios en lo corrido del presente año en el departamento del Huila.

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Algeciras a la fecha registra un total de 23 homicidios, incluyendo las víctimas de las dos masacres, mientras el municipio de Pitalito registra a la fecha 22 homicidios, el más reciente ocurrido en el corregimiento de Criollo el viernes 25 de septiembre.

Para corroborar esta hipótesis transcribiremos un artículo del investigador huilense Juan Corredor García, titulado Cartografías de la muerte: líderes y reincorporados en el Huila.

La masacre del 16 de julio en zona rural de Algeciras es sintomática porque constituye ya no una alerta, sino la notificación de antiguos repertorios de violencia que el departamento parecía haber dejado atrás. En 2020 van 13 muertos entre líderes y reincorporados.

Mapa 1. Asesinato de líderes sociales y ex combatientes en el departamento del Huila. 2020. 

Mapa elaborada por: Juan Corredor García

El 16 de julio de este año ocurrió un hecho que conmovió a todos los huilenses: una masacre en la vereda Quebradón Sur, Algeciras, que acabó con la vida de cuatro personas e hirió a dos más, siendo uno de los fallecidos familiar del ex combatiente Nencer Barrera Bustos, firmante de paz en 2016. Esta es una de las más de 40 masacres que han ocurrido este año en el país según la Organización de las Naciones Unidas.

La masacre, según el historiador Gonzalo Sánchez, es una de las formas en las que se expresa la degradación de la guerra y el desprecio de los guerreros por la población civil. El propósito es cumplir múltiples objetivos de los perpetradores, dentro de los que se destaca la neutralización de la potencial acción colectiva de las comunidades1.

Como consecuencia de este acto violento, decenas de familias del municipio se desplazaron por temor a represalias por parte de los grupos armados. El Huila, una de las regiones donde emergieron las guerrillas en la década de los 60, estuvo dominado por la presencia de las Farc, siendo los años noventa y 2000 los de mayor afectación a la población civil así como a los políticos huilenses (concejales, alcaldes y congresistas).

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – Uariv, la intensidad del conflicto armado se redujo sustancialmente desde 2007 en términos de actos terroristas, homicidios, secuestros y desplazamiento forzado. Lo anterior coincide con el repliegue de las Farc producto del cambio de estrategia gubernamental para combatir a las guerrillas a través de la Seguridad Democrática. Posteriormente, gracias a las negociaciones que Juan Manuel Santos entabló con las Farc, el Huila experimentó una paz relativa o una recuperación lenta de las condiciones de seguridad, lo cual significó para este departamento una situación de normalidad poco vista en décadas, sin que eso se tradujera en una erradicación definitiva de la violencia.

Luego de dos años de tensa calma en términos de cifras de la Uariv, desde el 2018 la situación ha cambiado. El drama nacional del posacuerdo, el asesinato de líderes sociales y reincorporados a la vida civil, ha aterrizado también a este parte del país.

La masacre del 16 de julio en zona rural de Algeciras es sintomática porque constituye ya no una alerta, sino la notificación de antiguos repertorios de violencia que el departamento parecía haber dejado atrás.

Algunas versiones preliminares señalan que este ataque armado fue dirigido contra la familia del ex combatiente Barrera Bustos, aunque otras versiones indican que los hombres armados (entre seis y doce) llegaron a la zona para reclamar el posible armamento de alias Hermes, capturado hace pocos días por el Ejército, y presunto jefe de la Unidad Óscar Mondragón de la Segunda Marquetalia (otrora Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc), a quien se le atribuyen asesinatos y homicidios contra líderes sociales y ex combatientes. Sin embargo, la comunidad niega tener vínculo con esta persona.

Tabla 1. Lista de líderes sociales y ex combatientes asesinados. 

Todo indica que en el Huila se está reciclando la violencia. Por un lado, 19 líderes sociales han sido asesinados entre noviembre de 2016 y julio de 2020. En los años que corresponden al mandato del presidente de Iván Duque, 15 líderes han sido asesinados según el Informe Especial de Líderes Sociales de Indepaz. Por otro lado, ocho reincorporados han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, cinco de ellos en 2020, lo cual da cuenta de la intensificación de la violencia contra esta población. Dos de ellos han ocurrido en Algeciras, uno en Pitalito, uno en Campoalegre y otro en zona rural de Neiva.

A continuación, presentaré tres explicaciones sobre este fenómeno en el departamento del Huila.

2020: el año de la intensificación de la violencia

En las primeras dos semanas del año, los líderes sociales Jhon Freddy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos, y Mireya Hernández Guevara, extesorera de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio, fueron asesinados a tiros en sus casas en el municipio de Algeciras. Estos dos homicidios marcarían el inicio del año más letal desde la firma del Acuerdo de Paz.

Solo en 2020, han ocurrido ocho asesinatos de líderes sociales, lo que corresponde al 40 por ciento del total de asesinatos en ese departamento ocurridos desde 2016. La tendencia sugiere que esta cifra puede incrementarse en los próximos meses del año, ya que este tipo de violencia, lejos de desaparecer, parece intensificarse.

Lo mismo ocurre para los firmantes de paz en un departamento con más de 400 ex guerrilleros acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de los cuales 200 están en Neiva, según contó Ramiro Durán, consejero político del partido Farc en el Huila, a El Espectador. El año en curso acumula cinco homicidios contra esta población, lo cual se traduce en el 62,5 por ciento de los asesinados en el departamento durante los últimos cinco años. Los familiares de reincorporados también han sido víctimas mortales. De hecho, el 31 de mayo fue asesinado en zona rural de Algeciras Jhon Carlos Montaño, de 19 años, hijo de un reincorporado que ya había sido víctima de un atentado contra su vida.

Más allá del recurrente debate sobre las cifras de asesinatos, que parecen ignorar el hecho que se trata de vidas humanas, se evidencia una desmejora en las condiciones de seguridad de las personas que ejercen cualquier tipo de liderazgo social o que en el pasado empuñaron las armas durante las casi seis décadas de conflicto. Por ello, conviene preguntarse el origen de este tipo de violencia.

¿Quiénes son los responsables?

Disidencias de las Farc

Existen diversas hipótesis al respecto. En primer lugar, las disidencias de las Farc, que son varias y no trabajan necesariamente entre sí: I) La compañía ‘Oscar Mondragón’, un grupo residual de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro, afiliada al organigrama de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez y Jesús Santrich, II) un segundo grupo comandado por integrantes del Frente 62 que nunca se acogieron al proceso de paz, bajo el mando de Gentil Duarte y finalmente, III) la Columna Móvil Dagoberto Ramos, una disidencia del Frente 6 de las Farc, la cual hace presencia igualmente en el norte del Cauca. 

Precisamente el 20 de julio fue capturado por el Ejército alias Hermes, quien comandaba la compañía Oscar Mondragón. Según el Mayor (r) Carlos Ospina, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para la macroregión Centro Andina, una de las causas de los asesinatos y amenazas radica en que algunos excombatientes han sido invitados a rearmarse y no han querido hacerlo. También, se tienen reporte de amenazas a reincorporados considerados traidores por los grupos disidentes, según la Alerta Temprana Nro. 063 de 2018 de la Defensoría del Pueblo. De igual forma, la Alerta Temprana Nro. 016-19, reconoce a la “Dagoberto Ramos” como una de las columnas responsables de los homicidios y amenazas contra líderes sociales en el departamento. Esto se confirma en la más reciente Alerta emitida por esa entidad, la Nro. 029-20, en la que identifica una especial afectación a las comunidades y dirigentes indígenas del pueblo Nasa (en Íquira y Tesalia), así como a niños, niñas y adolescentes debido al reclutamiento forzado.

Clan del Golfo

En segundo lugar, existe información de la sociedad civil sobre presencia del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en el sur del departamento así como en el municipio de Tello. De hecho, las características de la masacre en Algeciras, permite inferir que se trataba de estructuras neoparamilitares: entre seis y doce sujetos con armas de alto calibre, movilizándose en zona rural a través de camionetas blindadas, sin llamar la atención de las autoridades en la zona, pese a las restricciones de movilidad que están en el departamento por la emergencia del covid-19.

Narcotraficantes

Aunque en el Huila no existe registro de cultivos ilícitos según el último reporte de Unodc, el departamento tiene fronteras con otros que sí tienen alta concentración de coca: Cauca, Caquetá y Meta. De allí la relevancia de las economías ilícitas en la zona.

Es de amplio conocimiento la presencia de Grupos Delincuenciales Organizados – GDO, de origen narcotraficante – algunas con vocación transnacional –  en el sur del departamento, notablemente en Pitalito. Al menos cinco grupos, ‘Héroes del Valle’, ‘Los Paisas’, el ‘cartel de Saladoblanco’, el ‘cartel de Pitalito’ y el ‘cartel Jalisco Nueva Generación de México’, operan en esta parte del departamento con el objetivo de mover la pasta de coca desde el Caquetá en tránsito hacia el Huila, el Cauca y la salida al Pacífico, de acuerdo con la Alerta Temprana Nro. 035-19.

Existe otro grupo narcotraficante en la zona conocido como La Constru, quien está principalmente instalado en Putumayo. También, son conocidos por ser los responsables del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según una nota de El Espectador, tanto los Paisas como el Cartel de Saladoblanco trabajan bajo las órdenes del Clan del Golfo, bajo la figura de subcontratación. Aunque cabe precisar que no se tiene información sobre estos grupos como los responsables de tales actos, su sola presencia eleva los niveles de riesgo de la población civil por quedar en medio de enfrentamientos con otros actores.

Algeciras: epicentro de la guerra

Mapa 2. Importancia estratégica de Algeciras

Algeciras se ha convertido en el epicentro de la guerra en el Huila. Solo en ese municipio han ocurrido seis de estos trece asesinatos, la única masacre en el departamento y el primer homicidio de un familiar de un reincorporado.

La relevancia de este municipio en el conflicto armado obedece a su ubicación geográfica, al menos desde la década del noventa. Particularmente, el Bloque Oriental de las Farc consideró a Algeciras como uno de sus corredores estratégicos para el desplazamiento de su tropa, tráfico de estupefacientes desde Putumayo y Caquetá, y por servir de comunicación entre los Llanos del Yarí, la Macarena y San Vicente del Caguán. No en vano, Algeciras, junto con otros seis municipios del departamento, hace parte de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado – Zomac.

Actualmente lo que se vive en ese municipio es una disputa por retomar el control territorial entre disidencias, narcos y paramilitares, concluyen varias entidades y analistas. En el medio, la población civil y sus figuras más visibles (y por ende por lo tanto vulnerables, son los líderes sociales y reincorporados) son quienes sufren este incremento de la violencia.

De hecho, por alertar la situación de seguridad, los casos de asesinatos y extorsiones, fue amenazado Basilio Arias Ávila, personero municipal de Algeciras, el 20 de enero de 2020. Sus advertencias se convertirían en realidad al situar a este municipio como el más violento del departamento en lo que va corrido del año.

Las cifras de homicidios contra estas poblaciones podrían ser peores. Por citar solo un ejemplo, el 2 de junio tres personas que se dedicaban a labores agrícolas fueron atacadas con arma de fuego en la vereda Las Brisas. Dos de las tres personas agredidas2 son líderes sociales: Luz Amparo Vega, representante legal de la Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar Gestoras de Paz y Desarrollo – Asomupaz y Roberto Buitrago Páez, presidente de la Cooperativa de Apicultores de Algeciras, Coopial. Así como en la mayoría de casos a nivel nacional, se desconocen los autores de los hechos.

Diego Tello, Asesor de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, afirma que durante el 2020 han asesinado a 20 personas en ese municipio. El funcionario concluye que las personas que están asesinando en Algeciras son excombatientes en proceso de reincorporación, presidentes de juntas, líderes comunales y de asociaciones campesinas. Para Tello es claro que algunas de estas víctimas tenían un papel protagónico en sus comunidades.

Otra hipótesis maneja el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, quien aseguró en su momento que para el caso de la masacre del 16 de julio, ese ataque se trataría de retaliaciones entre disidentes que operan en esa zona del departamento.

Por su parte, el coronel Johny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la IX Brigada, aseveró que una de las víctimas de esta masacre era esposa de alias “Sijín”, capturado por el Gaula por el delito de extorsión, y que las otras tres víctimas eran integrantes de la compañía Óscar Mondragón, según información de inteligencia, pese a no brindar mayores datos. Sin embargo, luego de un mes de ocurrida esta masacre, la versión inicial de las Fuerzas Militares se modificó, reconociendo que aún no se podía endilgar responsabilidad a una estructura residual dado que al parecer se trataba de un grupo de delincuencia organizada, tal como lo expresa el coronel Bautista en una entrevista al diario La Nación.

Un escenario poco esperanzador en el Huila

Panorámica del área urbana de Algeciras

En definitiva, el panorama de los líderes sociales y ex combatientes de las Farc en el Huila es poco esperanzador por cuatro factores.

Primero, por la intensificación de la violencia debido a la disputa entre diferentes actores por el control territorial así como por antiguas rencillas y retaliaciones contra los reincorporados. Además, ya no se trata solo de asesinatos selectivos sino también de masacres. Los principales municipios en riesgo son Algeciras, Pitalito y Campoalegre, donde han asesinado tanto a líderes como a reincorporados.

Segundo, la poca respuesta de las autoridades para prevenir, proteger y judicializar a los responsables de los hechos. Por citar un ejemplo, aunque la Fiscalía dice haber esclarecido la responsabilidad de organizaciones armadas el 34 por ciento de los asesinatos a líderes sociales (correspondiente a 119 de 349 homicidios), desconoce los autores del 64 por ciento restante e igualmente, ha sido incapaz de emitir sentencias condenatorias. Sin ello, es poco probable que la Fuerza Pública capture a los victimarios.

Tercero, la lenta implementación del Acuerdo de Paz. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), encargado de verificar la implementación de lo acordado en La Habana, concluye que los avances de paz entre diciembre de 2018 y noviembre 2019 han sido tan solo del 6 por ciento en las 578 estipulaciones del Acuerdo, según su último informe publicado en junio de este año.

Esto tiene un impacto directo en los niveles de violencia que sufre el Huila y particularmente Algeciras, el único municipio del departamento priorizado en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – Pdet, y al que los dineros de la paz solo han llegado a través de la creación de un centro de acopio de café y por medio de la aprobación de un proyecto de construcción de baterías sanitarias.

De seguir a ese ritmo, Colombia tardaría 40 años en implementar los Pdet, de acuerdo con el informe ¿En qué va la paz a 2 años del gobierno Duque? elaborado por algunos miembros del Congreso de la República. En ese sentido, es necesario advertir que los dineros del posacuerdo desembolsados son insuficientes para suplir las necesidades de este municipio. De hecho, este fue precisamente uno de los lemas de campaña del actual alcalde, Libardo Pinto Lizcano, para gestionar estos recursos del posacuerdo en el municipio.

Por último, el relato de líderes sociales-homicidios-narcotráfico como única explicación del fenómeno, ampliamente difundido por el gobierno nacional y adoptado por algunas autoridades como el comandante de la IX Brigada del Ejército Nacional, desconoce las complejidades de este tipo de violencia y ofrece pocas soluciones a un problema que evidentemente adquirió niveles sistémicos en todo el territorio nacional.

1Ver Memorias, subjetividades y política, de Gonzalo Sánchez.

2Los nombres de las personas sobrevivientes han sido modificados a fin de evitar una nueva estigmatización.

VIDEO RECOMENDADO:

Las almas de los difuntos pernotan en las viviendas donde fallecieron

Fuente de la información: La Silla Vacía de Bogotá y Juan Corredor García, investigador.

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