opinión

De la solicitud de revisión de acuerdo municipal por parte de la gobernación ante el H. Tribunal Administrativo

En ese evento, el Gobernador enviará al Tribunal copia del Acuerdo acompañado de un escrito, y el mismo día en que remita el Acuerdo al Tribunal, enviará copia de tal escrito a los respectivos Alcalde, Personero y Presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso

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Opinión

Escrito por: MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO

“Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad; también, pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los despiadados.” Isaías 13:11

Dada la trascendencia del tema y el interés que ha suscitado en estos días, se aborda el tema, con sentidos crítico y pedagógico.

Revisión por parte del Gobernador: De rango constitucional. Si la Oficina Jurídica de la Gobernación encontrare que el Acuerdo es contrario a la Constitución y/o la Ley, lo enviará mediante una demanda de “Solicitud de Revisión Constitucional y Legal”, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que lo haya recibido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.

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Como se observa, la Gobernación no solicita al Tribunal que declare inválido el Acuerdo, sino que se pronuncie acerca de su validez, que es otra cosa. Por consiguiente, mal haría en afirmarse que la Gobernación persigue que el Tribunal anule el Acuerdo y, peor todavía, que por su actuar busca ella misma declarar directamente su invalidez.

Aquí, resulta de vital importancia esclarecer que dentro del alcance de la revisión se destaca, entre otros, que los Proyectos de Acuerdo en revisión deben haber sido  sometidos a consideración de la Plenaria de la Corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva, es decir, que entre la realización del primer debate en la Comisión Permanente -que conoce en primera instancia del Proyecto- y el segundo debate llevado a cabo en Plenaria -con la totalidad de los Concejales- deben transcurrir no menos de tres día hábiles.  Si no se cumple este requisito, esto es, que si se efectuó dentro de los tres días posteriores al día del primer debate, se viola la Ley.

En ese evento, el Gobernador enviará al Tribunal copia del Acuerdo acompañado de un escrito, y el mismo día en que remita el Acuerdo al Tribunal, enviará copia de tal escrito a los respectivos Alcalde, Personero y Presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso.

Nótese la expresión “para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso”. Ello implica que no es forzosa, imprescindible, indispensable, obligada, imparagitable, inexorable, o de absoluta necesidad que en todos los casos se exija o se requiera la comparecencia del Alcalde, Personero y Presidente del Concejo en el proceso, lo que se explica en que sólo será justificada dicha comparecencia en el caso de que los precitados servidores públicos dispusieran de reales y contundentes pruebas que conduzcan a desvirtuar certeramente que el términos de los tres días no haya sido vulnerado, toda vez que no guarda lógica generar todo un aspaviento público, masivo,  con el correspondiente costo administrativo y judicial a sabiendas de que con posterioridad, inevitablemente, habría de ser invalidado el mentado Acuerdo por presentar notoria y evidentemente tales falencias, en cuya situación flaco servicio se le haría  a la comunidad y al aparato estatal.

Ahora, si la Oficina Jurídica de la Gobernación no les enviara la copia antedicha a los referidos servidores estatales, esta situación no origina la nulidad del trámite que se adelantare por el honorable Tribunal, por cuanto la gestión de la Gobernación no es de carácter judicial y, por ende, no hace parte de la actuación que impulsa el multicitado organismo de justicia. Circunstancia distinta, para reflexionar, sería si el Tribunal no hubiere agotado la notificación a los citados servidores públicos, examinando y estableciendo con rigor cuál es mecanismo de notificación del inicio del trámite bajo su conocimiento y competencia, propio para esta clase de trámites, cuestión en la cual, si se deduce probada y determinantemente la falta de debida notificación, se podría explorar la posibilidad de impetrar un incidente de nulidad de lo actuado a partir de la notificación que debió surtirse, en cuyo caso, y si prosperare tal requerimiento, se recompone el trámite.

En este orden de ideas, se observa que no se ha causado perjuicio irreparable al Municipio, que basta con actuar diligentemente, confiando en que, efectivamente, no se infringió el término de los tres días.

Se advierte que mientras no se conozca la realidad procedimental surtida en este trámite, para el columnista y para cualquier analista resulta imposible asegurar cualquier posición de interpretación jurídica concluyente.

Además, de que no se debe esperar que el Tribunal falle a favor de la validez del Acuerdo por considerar -por fuera del derecho- el mal o detrimento que le sobreviene al Municipio si le declara su nulidad. Muy alejado de la realidad jurídica. Debe saberse que el Juez es un aplicador de normas a quien la Ley no le permite tener apreciaciones subjetivas de ninguna naturaleza que desborden el marco legal, que su deber es obedecer y garantizar el orden jurídico. Menos aún, si con su proceder anómalo pone en peligro a las comunidades de un Municipio, en términos de bienestar y desarrollo. Amén, de que con dicha actuación pudiese encubrir y entronizar el abuso y la negligencia del poder.

Más gravoso, si el Acuerdo versa sobre al Plan de Desarrollo Municipal, sobre cuyo procedimiento de aprobación no pestañea un Alcalde en virtud de su trascendencia jurídica y administrativa para el Gobierno local y el mejoramiento de vida de la población.

A propósito, y para terminar, a título de ejercicio mental, cabría preguntarse si hubo un contrato de prestación de servicios profesionales y el valor económico pactado, para asesorar y apoyar a la alcaldía en el proceso de elaboración y construcción colectiva del Plan de Desarrollo pulimentado, y, desde luego, si incluía la obligación de hacer seguimiento a la ejecución de  tal objeto contractual hasta su real y efectiva culminación: la aprobación en el Concejo.

Muy gentilmente le invito a recibir prontamente la Segunda Parte de esta columna.

Timaná, Huila, 30 de agosto de 2020.

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