INFORME ESPECIAL

No somos vigilantes, dijeron los presuntos asesinos de los niños de Llano Verde durante la audiencia judicial

Los crímenes de estos cinco adolescentes habrían ocurrido entre las 12:30 del día y la 1:30 de la tarde de ese 11 de agosto. En ese lapso, los habrían perseguido hasta cercarlos y reunirlos en un sitio para matarlos

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Informe Especial

Bastante confusas resultaron las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Policía para acusar a los dos presuntos asesinos de los 5 niños del cañaduzal ubicado en Llano Verde del corregimiento de Navarro, jurisdicción del municipio de Cali.

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Este sábado 29 de agosto, terminó la audiencia para legalizar la captura de Jefferson Marcial Angulo Quiñones y Juan Carlos Loaiza Ocampo, dos de los tres presuntos responsables de la masacre perpetrada en el barrio Llano Verde, el pasado 11 de agosto.

Este sábado, a las 10:34 de la mañana se presentaron los dos capturados Juan Carlos Loaiza y Yéfferson Marcial Angulo.

El fiscal señaló en ese momento que los capturados “mataron a los menores en predio de la finca Las Flores”, en el oriente de la ciudad.

El juez de control de garantías aceptó la solicitud del fiscal que lleva la investigación por lo que ambos permanecerán detenidos hasta que concluya el procedimiento legal. Los acusan de los delitos de homicidio agravado, porte y tráfico de armas.

En la diligencia la Fiscalía entregó su versión del asesinato de cinco menores, cuyos cuerpos fueron hallados en un cañaduzal del oriente de Cali. Angulo Quiñones y Loaiza Ocampo reconocieron su participación en los hechos, pero afirman que quien disparó contra los niños fue Gabriel Alejandro Bejarano, aún prófugo, y no aceptaron los cargos.

Según el fiscal asignado los tres “les quitaron a los menores unos cuchillos que usaban para cortar la caña que estaban comiendo y procedieron a intimidarlos con arma de fuego. Los amenazan, les disparan y abandonan los cuerpos en el lugar”, detalló la Fiscalía que también considera el crimen como un acto de intolerancia.

El fiscal del caso dijo que los crímenes de estos cinco adolescentes habrían ocurrido entre las 12:30 del día y la 1:30 de la tarde de ese 11 de agosto. En ese lapso, los habrían perseguido hasta cercarlos y reunirlos en un sitio para matarlos. 

Nuevas hipótesis que tornan ambiguas las pruebas de la Fiscalía

En un primer momento, el fiscal Francisco Barbosa dijo que las víctimas “acudían a ese lugar con frecuencia a comer caña, que es lo que se hace en esos lugares”. Allí, tres adultos que trabajaban como vigilantes “observaron a los cinco menores acercarse y, sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron”.

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina recomendó que los dueños de las fincas debían contratar servicios de seguridad registrados ante la Superintendencia de Vigilancia, y añadió que “nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro ser humano, menos porque ha traspasado el predio a comer caña”.

“No somos vigilantes”, manifestaron los indiciados

Sin embargo, en la audiencia de legalización de capturas que adelantó la Fiscalía, los detenidos afirmaron que no trabajaban como vigilantes del cañaduzal, sino que estaban vinculados a una empresa de construcción con sede en otro departamento.

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, confirmó hoy que los presuntos responsables del crimen son un vigilante, un exvigilante y un operario de maquinaria pesada. Además, se refirió al posible móvil.

Los sindicados, de acuerdo a informaciones obtenidas, presuntamente referenciaban a alguna de las víctimas como responsable de actividades irregulares. Esa sería la razón condenable, que desde ningún punto de vista se podría justificar con el asesinato con arma de fuego a nuestros menores, mientras se encontraban en estado de indefensión”, indicó el general Atehortúa. 

El tercer involucrado en la masacre es Gabriel Alejandro Bejarano, conocido con los alias de ‘el paisa’ o ‘el mono’, contra quien hay una orden de captura por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades están ofreciendo hasta $20 millones por información sobre su paradero.

Fuente de la información: PUBLIMETRO, diarios EL TIEMPO de Bogotá, EL PAÍS de Cali, y Unidad Regional de Fiscalías de Cali.

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