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Prisión domiciliaria para el abogado de Uribe, Diego Cadena

El juez, además, dijo que la tesis del pago de viáticos resultaba bastante cuestionable

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El juzgado 35 de control de garantías de Bogotá resolvió la suerte del abogado Diego Cadena y de su socio Juan José Salazar Cruz, vinculados a un proceso por soborno y fraude procesal.

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El caso está relacionado con la investigación que se adelanta en la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe.

A Cadena le dio casa por cárcel y a Salazar Cruz lo dejó en libertad.

El juez del caso señaló no hay elementos de juicio para señalar que los imputados hayan ejecutado actos para entorpecer la labor de la Fiscalía en este proceso puntual.

Enfatizó que en este caso en particular, que es sobre el que se tiene que pronunciar, no le asiste razón a la Fiscalía en su argumentación de que pueden afectar la investigación.

El funcionario judicial indicó que hechos como guardar silencio o incluso mentir en un interrogatorio, como dice la Fiscalía lo hizo Diego Cadena, no justifica una medida de aseguramiento en su contra.

“No se allegó ningún elemento para definir que en este proceso, se ejecutó algún acto contra la administración de justicia”, insistió el juez.

Sobre la posibilidad de que sean un riesgo para la sociedad el juez señaló que los imputados podrían ser condenados a una pena alta, superior a los seis años de cárcel y que las actuaciones se habrían cometido con dolo pues ellos son responsables de sus acciones y sus posibles consecuencias.

Añadió que los hechos están asociados a actos para permear instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Inpec e incidir en testimonios.

Igualmente señaló que la gravedad es menor en el caso de Juan José Salazar Cruz, quien actuaba bajo las instrucciones de Diego Cadena, a quien calificó el juez, como el determinador de los actos investigados.

El juez del caso señaló no hay elementos de juicio para señalar que los imputados hayan ejecutado actos para entorpecer la labor de la Fiscalía en este proceso puntual.

Enfatizó que en este caso en particular, que es sobre el que se tiene que pronunciar, no le asiste razón a la Fiscalía en su argumentación de que pueden afectar la investigación.

El funcionario judicial indicó que hechos como guardar silencio o incluso mentir en un interrogatorio, como dice la Fiscalía lo hizo Diego Cadena, no justifica una medida de aseguramiento en su contra.

“No se allegó ningún elemento para definir que en este proceso, se ejecutó algún acto contra la administración de justicia”, insistió el juez.

Sobre la posibilidad de que sean un riesgo para la sociedad el juez señaló que los imputados podrían ser condenados a una pena alta, superior a los seis años de cárcel y que las actuaciones se habrían cometido con dolo pues ellos son responsables de sus acciones y sus posibles consecuencias.

Añadió que los hechos están asociados a actos para permear instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Inpec e incidir en testimonios.

Igualmente señaló que la gravedad es menor en el caso de Juan José Salazar Cruz, quien actuaba bajo las instrucciones de Diego Cadena, a quien calificó el juez, como el determinador de los actos investigados.

Durante la audiencia el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el caso, manifestó su inconformidad con una evidencia presentada por la defensa de los imputados, según la cual Samuel Sánchez no tenía procesos pendientes, cuando está imputado por un caso de soborno y tiene otros procesos pendientes.

(Le puede interesar: El abogado que habría presentado a Diego Cadena con Álvaro Uribe)

El abogado Sánchez era el defensor de dos exparamilitares que aparecen dando testimonio en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia

El juez del caso señaló desde el comienzo que no iba a acceder a la petición del abogado Reinaldo Villalba para que los imputados sean enviados a la cárcel, por considerar que no se cumplen los requisitos para ese tipo de solicitud.

Añadió que de fondo solo se pronunciará sobre la petición de la Fiscalía de que se les ordene casa por cárcel., la cual fue respaldada por la Procuraduría.

Añadió que la ley establece la necesidad de definir si hay elementos de juicio para inferir si las personas imputadas cometieron los delitos por lo que fueron llevados ante la justicia y que ese punto fue muy controvertido durante la diligencia.

Indicó que los hechos se habrían registrado entre julio de 2017  y enero de 2019 asociados a la declaración de Carlos Enrique Vélez Ramirez, y supuestos hechos de costreñimiento a testigos realizados en la cárcel de Palmira (Valle). 

Fuente de la información: diario EL TIEMPO de Colombia.

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