INFORME ESPECIAL

Otro contrato dudoso de la Procuraduría con la Fundación Ideas Para la Paz

Las denuncias por corrupción en la adjudicación y ejecución de esos contratos, que abundan en medios de comunicación independientes y en los órganos de control, tendrían que ser investigadas por la Procuraduría General de la Nación

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INFORME ESPECIAL

La Procuraduría General de La Nación adelanta un proceso de contratación con la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) por valor de $700 millones con el objeto ‘implementar la metodología para el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de paz’. Ese contrato (4443-154-SCC) se firmó haciendo uso de los recursos del crédito (BID 4443/ 0C-00) por Usd44 millones que le otorgó el BID a la República de Colombia y que administra el ente de control con total libertad para la implementación del programa de Fortalecimiento de Gestión Institucional.

La FIP, un centro de pensamiento que dirige María Victoria Llorente Sardi y en el que tiene gran influencia el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo, director entre 2004 y 2006, fue una de las contratistas más favorecidas durante el gobierno Santos. Entre el Fondo de Programas Especiales Para la Paz, la Policía Nacional el ministerio del Interior el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Victimas manejaron contratos otorgados a dedo por más de $22 mil millones siempre para temas relacionados con la negociación de La Habana.

La misma fundación (FIP) cuyos exintegrantes están en cargos claves del estado aparece mencionada en la denuncia que la organización Judicial Watch presentó en tribunales de los Estados Unidos reclamando que USD3.3 millones de dólares de los contribuyentes de ese país terminaron en propaganda política a favor de las Farc. Esos recursos los manejaron organizaciones activistas como La Silla Vacia; DeJusticia; Corporación Nuevo Arco Iris; Paz y Reconciliación de León Valencia y la Fundación Ideas para la Paz.

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Las denuncias por corrupción en la adjudicación y ejecución de esos contratos, que abundan en medios de comunicación independientes y en los órganos de control, tendrían que ser investigadas por la Procuraduría General de la Nación. Eso no ha ocurrido y la procuradora delegada para la paz Elena Ambrosi y la delegada ante la JEP Mónica Cifuentes están en otro plan. Ambas funcionarias trabajaron con Sergio Jaramillo y no son ajenas al círculo de poder que se congrega en la Fundación Ideas Para la Paz.

En su página de internet esa fundación se define como ‘Un centro de pensamiento independiente creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. También busca aportar a la comprensión de las conflictividades de nuestro país, ejerciendo el liderazgo necesario para movilizar a ciudadanos, servidores públicos y empresarios alrededor del objetivo común de construir una sociedad en paz’.

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Fuente de la información: EL EXPEDIENTE de Colombia.

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