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Sergió Fajardo y Luis Alfredo Ramos, ‘enredados’ por el caso de Aníbal Gaviria

El motivo de esta decisión es el mismo contrato por el que se ordenó capturar a Aníbal Gaviria

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Con el fin de establecer las responsabilidades de los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos en presuntas irregularidades en un contrato, la Fiscalía ordenó compulsar copias para que sean investigados. El caso que originó la decisión es el mismo por el que esta semana se ordenó la captura del actual gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa.

Según se lee en la decisión de la Fiscalía que ordenó la captura de Gaviria, “con el fin de establecer las responsabilidades de los posteriores gobernadores, se compulsan copias de la denuncia”. 

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También se enviaron las piezas del proceso para que se abran casos a los exgobernadores en expedientes independientes al de Gaviria.

El ente investigador pidió indagar a Ramos y Fajardo porque el contrato por el que se cuestiona a Gaviria Correa –un contrato de 2005 para la pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz- también pasó, en su ejecución, por las administraciones de los dos siguientes gobernadores.

Este contrato, firmado entre la Gobernación de Antioquia -en ese entonces encabezada por Gaviria- y el Consorcio Troncal de la Paz tuvo un valor de 41.663 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, Gaviria Correa, como representante legal del departamento y el responsable del gasto pudo haber incurrido en tres irregularidades en contratación. 

El ente acusador no lo acusa por quedarse con dineros indebidamente sino por, presuntamente, haber faltado a su deber de ejercer vigilancia y control en ese contrato. 

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La obra era para el mejoramiento y la pavimentación de la Troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia, y se pagó un anticipo del 25 por ciento “que luego se amplió al 29 por ciento, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”, dijo la Fiscalía.

Además, el ente investigador señala que se firmaron dos otrosíes a la obra, uno de ellos para construir un puente que, según los investigadores, requería una nueva licitación y no debía ser entregado al consorcio que venía desarrollando la obra.

De ese consorcio era accionista Carlos Solarte, quien hoy es procesado por supuesto pago de sobornos para la adjudicación del contrato para el desarrollo del interceptor Tunjuelo-Canoas, en Bogotá.  

Fuente de la información: diario EL TIEMPO de Colombia.

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