opinión

Especulación de precios, mandatarios y entes de control

Contempla este Decreto que el Gobierno Nacional elaborará un listado de productos de primera necesidad para que durante la cuarentena dispuesta se puedan fijar precios máximos de venta y, en efecto, favorecer las comunidades más vulnerables

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OPINIÓN

ESPECULACIÓN DE PRECIOS,  MANDATARIOS Y ENTES DE CONTROL

Escrito por: MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO*

Antes de iniciar esta columna se advierte que no se incurre en ella en generalizaciones de ningún tipo. Creemos en que la excepción hace la regla.

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En atención a los desbordados e incontrolados incrementos en los precios de los productos de primera necesidad y dada la insuficiencia de las alcaldías para cumplir con sus obligaciones de inspección, vigilancia y control de los precios de la canasta familiar básica, que le la Ley les ha ordenado, y a la precariedad de los entes de control territoriales, principalmente las Personerías Municipales, en hacerles exigibles tal cumplimiento, el Gobierno Nacional se halló empujado a expedir el Decreto 507 de2020, de fecha 1 de abril, –de apenas hace dos días-a fin de buscar remedio.

Contempla este Decreto que el Gobierno Nacional elaborará un listado de productos de primera necesidad para que durante la cuarentena dispuesta se puedan fijar precios máximos de venta y, en efecto, favorecer las comunidades más vulnerables.

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En ello, resalta el seguimiento que el DANE hará cada cinco (5) días de estos precios con miras a identificar los incrementos anormales de precios de que tenga información, cuyo resultado entregará a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.

Y, en caso de presentarse inauditas subidas de precios de productos importantes dicha Superintendencia se encargará, de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida, de realizar acciones de inspección, vigilancia y control, “…las cuales se desarrollarán de conformidad con la capacidad institucional de la Superintendencia deIndustria y Comercio, que podrá  priorizar los casos en los que ejercerá sus funciones con propósito de lograr la mayor eficiencia en su intervención.”  Luego, se deduce, los otros casos de menor trascendencia social y económica, seguirán siendo de competencia de otras autoridades, como la alcaldía.

Para consolidar estas acciones, el DANE señalará los precios promedio de productos de primera necesidad cada cinco (5) días, y los publicará en conjunto con los  Ministerios competentes y la precitada Superintendencia, a través sus páginas Web y redes sociales, como herramienta nacional  para que todos los protagonistas de esta lucha se mantengan informados de manera oportuna y permanente de los precios autorizados.  

Así las cosas, es a partir de aquí, vale explicar, una vez sean fijados y publicados los precios, cuando se exige la intervención eficiente y eficaz de los gobernadores y alcaldes: apoyar la función pertinente de inspección, vigilancia y control, mediante el reporte de información a la Superintendencia de Industria y Comercio de aquellos incrementos significativos e inusitados en los precios de los productos, el cual deberá efectuarse a través de los canales de comunicación que determine la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Ahora, si el ciudadano conoce  del abuso debe denunciarlo de inmediato ante la alcaldía, preferiblemente, por estar esta entidad obligada a avocar su conocimiento al término de la distancia, lo que debe garantizar -se espera- la rapidez del trámite efectivo a tal denuncia. Y no a la Personería Municipal, que no tiene atribuida esta función, sino la de velar para que la alcaldía la cumpla, pues, repetimos, es la competente para su conocimiento; al igual, que  tampoco le asiste  a esta dependencia la función de recaudar quejas para su reenvío a la precitada  Superintendencia, labor a cargo de la alcaldía, como lo manda el Decreto.

Lo anterior, por supuesto, requiere inexorablemente que  los mandatarios dispongan de una oficina con el personal necesario e idóneo para la óptima atención al público y de líneas de atención y recepción por medio de las cuales siempre se escuche al consumidor, de lo cual deriva el imprescindible uso de teléfonos celulares suficientes, pero que sean atendidos, contestados, y cuya atención se brinde con mayor esfuerzo en días y horarios ajustados a la mayor afluencia de mercado.

Ahora, es claro que si estos mandatarios y los entes de control -en especial las Personerías Municipales- incurren en omisión de funciones en esta materia, el propósito por el cual se consolidó esta estrategia será un estruendoso fracaso y, por tanto, seguirá galopando impune el abuso sobre la frustración y el desamparo del pueblo, definitivamente indefenso ante la arremetida voraz de los codiciosos mercaderes del hambre y de la enfermedad.

Y es que el Decreto se estructuró sobre los cimientos de la intervención efectiva, real y concreta de los mandatarios, es decir, con resultados de gestión cuantificables, medibles, que se sientan y perciban por la comunidad y no sólo pretendidos comprobar con la manipulación de las imágenes en las redes sociales.   

Resultaría improbable que el justo propósito del Presidente de la República se materialice si los mandos territoriales y los organismos de control, repito, particularmente las Personerías Municipales, son inferiores a sus responsabilidades y al clamor ciudadano.

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No se justifica la insensibilidad de un servidor público ante la necesidad básica de alimentación de su pueblo.

Embebidos muchos por su soberbia e inconsciencia, olvidan que para ellos también está hecha la Ley.

No en balde, el ordenamiento jurídico y los convenios internacionales consagran la protección de los derechos de los consumidores, en calidad de derechos humanos, en la categoría de fundamentales, en cuanto representan el derecho a la alimentación, conexo a la salud y a la vida.

Para terminar, como si no fuera suficiente, a los campesinos se les compra a precio de miseria sus cosechas y cuando ellos requieren comprar los alimentos para su familia -no en las galerías como debiera ser- se los cobran, en indolentes almacenes de cadena -ajenos a su cultura y bienestar- con valores excesivos no justificables por razones del mercado y, por ende, ilícitos, ante la permisividad asombrosa de los funcionarios públicos que, obligados administrativa y legalmente a defenderlos, nada hacen, indiferentes, ante su tragedia. Paradoja: el producto comprado a mínimo valor al campesinado, se le vende en otras regiones a precios descomunales.

Timaná, Huila, 03 de abril de 2020.

*MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO

Abogado Asesorex Personero Municipal de Timanáex Consejero Departamental de Paz del Huila

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