opinión

Nombramiento de gerentes de hospitales, ética y legalidad

“Artículo 13. Facultad para ampliar el período institucional de gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes PODRÁN ampliar, por un término de 30 días, el período institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado que termina en el mes de marzo de 2020"

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OPINIÓN

Escrito por: MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO*

“He recomendado al Presidente…extender el periodo…de gerentes de Empresas Sociales del Estado…hasta superar la pandemia del Covid 19, para evitar riesgos en continuidad de acciones contra el contagio y la propagación…”. (cursivas mías),Dr. Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación.

El Gobierno Nacional expidió el  Decreto Legislativo Número 491 de 2020, mediante el cual, entre varios asuntos, adopta medidas de urgencia merced a la pandemia producida por  el corona virus -Covid 19 y, de manera concreta, en  materia del nombramiento de los gerentes de los Hospitales E.S.E

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Y es que esta norma prescribe en su “Artículo 13. Facultad para ampliar el período institucional de gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes PODRÁN ampliar, por un término de 30 días, el período institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado que termina en el mes de marzo de 2020.

Si el alcalde o gobernador no amplia el período, deberá proceder a nombrar al gerente o director de acuerdo con el procedimiento señalado…”. (la cursiva, la mayúscula y la negrita no son originales)

Como se observa, la decisión es discrecional, depende de la voluntad del alcalde.

Lo anterior no hubiera tenido particular importancia si estos nombramientos no se tuviesen que adelantar en plena expansión  de la calamidad, que es la razón que le asiste al Gobierno Nacional para intervenir, es decir, liberar a los precitados gobernantes de las ataduras que les significaba la norma que los obligaba a nombrar antes del 31 de marzo. A precio, claro, de descargar en los entes territoriales la responsabilidad que acarrea asumir la toma de decisión en semejante y compleja situación.

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Se explica, en su intención de prever inconvenientes y complicaciones, ya que se considera que es muy factible que el nuevo gerente pueda tener diferencias conceptuales en estilos y contenidos administrativos y operativos, incluyendo la misma concepción que tengan de la pandemias y las formas de enfrentarla; en la competencia para abordar la escases de insumos, y ante la precariedad de recursos económicos, presupuestales y financieros; en la la incipiente capacidad logística ante una desbordada demanda de la misma; en el aprovechamiento del insuficiente personal; en la interinidad en los hospitales, en la contratación -que involucra el desmantelamiento de los carteles de único oferente, si lo hubiera- etc.

Más todavía, atendiendo que al sentir de muchos conocedores de este fenómeno con tales cambios se pueden poner en riesgo los logros que hasta ahora se han obtenido en la presente fase de contención y de atención de la emergencia. Manifestado de otro modo, que estos cambios en este preciso momento -en pleno desarrollo de la pandemia- podrían generar resultados contraproducentes en la costosa y exigente lucha contra esta mortal enfermedad y, por tanto, contra el sistema de salud, y la salud y vida de los pobladores.

Ello, aunado a que la iniciativa de ampliar el periodo de los actuales gerentes se originó por recomendación que le hiciera al Primer Mandatario el Procurador General de la Nación, quien al respecto sentenció: ”Cambio de gerentes podría implicar discontinuidad en gestión y articulación de las Empresas Sociales del Estado, Secretarías de Salud y el Ministerio de Salud. Esto pondría en riesgo la cadena de suministros, medicamentos, e insumos y variaciones en el modelo de atención eficaz contra el corona virus.” (cursivas son propias), lo cual podría comprenderse como una evidente, notoria y pública advertencia del ente de control.

De ahí que los gobernadores y los alcaldes del país se hallen en un dilema, en un aprieto, toda vez que el problema no estriba en si ya tenía listo el nombramiento para el nuevo gerente y eso les diera licencia absoluta para ejecutar la designación. No. El problema radica en la responsabilidad humana, social, política, patrimonial, disciplinaria, penal y de cualquier orden que se le pudiera imputar por tal decisión, según sus resultados y la previsión que debió tener para nombrar.

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Aparte de que las actuaciones y los actos administrativos no solamente deben estar ajustados a la Ley. No, y  superior a esto, el servidor público debe estar inspirado  en la ética para su creación. Ante todo, la Ley es un imperativo ético.

Ahora, para este evento es relevante resaltar que la figura de la reelección está vigente y que el gerente debe ser nombrado de forma directa por el gobernador o alcalde; por supuesto, con el cumplimiento y lleno de los los requisitos legales.

De otro lado, la situación presenta otro matiz que se da cuando el mandatario local  no reconozca confianza y credibilidad en el actual gerente. Diferente es si halla calidades y condiciones humanas y profesionales que le brinden esos atributos.

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En todo caso, y para finalizar, el juicio para tomar la determinación que sea frente a esta disyuntiva normativa debe ampararse, exclusivamente, en fundamentos de rigor -serios y objetivos- ausentes de toda subjetividad arbitraria que solamente busque favorecer otros intereses, ajenos a la moralidad pública y al bien común.

Timaná, Huila, 29 de marzo de 2020 

Celular 3117202695

MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO

Abogado Asesor, ex Personero Municipal de Timaná, ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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