opinión

Derechos ciudadanos y especulación de precios

El Decreto 2876 de 1984, dispuso que, entre otros, los alcaldes municipales son funcionarios competentes para investigar las contravenciones a las normas sobre control y vigilancia de precios, en tanto que el Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011- en su artículo 55, define la especulación como la venta de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a los fijados por autoridad competente

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OPINIÓN

Escrito por: MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO*

Mucha indignación causa en los ciudadanos el abrupto e ilegal incremento de los precios de los productos de la canasta familiar o de primera necesidad por parte de empresarios que manejan el negocio de los alimentos. Por ello, este artículo no es de naturaleza conceptual o de opinión, sino de ilustración sencilla puesta al servicio del ciudadano común para que conozca algunas normas jurídicas que establecen instrumentos administrativos o penales para la defensa de sus derechos, en cabeza de algunas entidades estatales. Veamos,

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Alcaldía:

El Decreto 2876 de 1984, dispuso que, entre otros, los alcaldes municipales son funcionarios competentes para investigar las contravenciones a las normas sobre control y vigilancia de precios, en tanto que el Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011- en su artículo 55, define la  especulación como la venta de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a los fijados por autoridad competente.

También, en el artículo 62 prescribe que las Alcaldías tienen facultades administrativas de control  y vigilancia para evitar y castigar la especulación en su territorio. Entre sus funciones se hallan: Dar trámite a las investigaciones por incumplimiento de las normas que regulen la materia e imponer las sanciones respectivas; interrogar bajo la gravedad de juramento a cualquier persona, cuyo testimonio se requiera; practicar visitas de inspección, así como la práctica de cualquier otra prueba consagrada en la ley con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones legales; difundir el conocimiento y ejercicio de las normas sobre protección al consumidor; imponer multas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes -$98.065.700.00, año 2020-, a favor del Tesoro Nacional, por la violación de las normas de protección al consumidor; y, publicar periódicamente la información relativa a las personas que han sido sancionadas.

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Personería Municipal

A propósito, el recientemente pasado 15 de marzo se celebró el día mundial de los derechos del consumidor, fecha que promociona los derechos fundamentales de los consumidores de todo el mundo, reclamando su protección y respeto ante  los atropellos de los mercados.

Al Personero Municipal le asiste el deber de velar por los derechos del consumidor por estar reconocidos e instituidos en la Ley, siendo que varias de sus obligaciones funcionales consisten, de conformidad con el artículo 178 de la ley 136 de 1994, en vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar y defender los intereses de la sociedad.

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Por lo anterior, el Personero Municipal está llamado a intervenir en esta situación; máxime, por la urgencia que ella reclama y por cuanto se está frente al Derecho a la Alimentación, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos, toda vez que el alimento es básico para la salud y la sobrevivencia  de los mismos. Y, la

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Fiscalía General de la Nación:

El Código Penal consagra como delito dicho actuar mercantil en el artículo 298, indicandoque el productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en prisión.

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Para finalizar, destaca que el Presidente de la República, el Superintendente de Industria y Comercio y el  Fiscal General han concertado declarar la guerra a este flagelo. Por eso, se ha dispuesto la línea 122, mediante la cual la ciudadanía puede llamar para formular los denuncios correspondientes con servicio de 24 horas diarias durante los siete días de la semana, siendo el procedimiento el siguiente: 1) Llamar al 122, 2) Entregar la información concreta del hecho abusivo, siempre que le conste directamente y no por intermedio de terceros, 3) En caso de especulación en los precios de los productos, señalar los productos con precios anteriores y posteriores, con el incremento, 4) Indicar los datos completos del establecimiento de comercio que ha  incurrido en la falta, tales como nombre del negocio, dirección, y municipio, y 5) Si quiere, identificarse para ser informada una vez se haya realizado la acción pertinente. Si no quiere, no tendrá que identificarse.

*MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO

Abogado Constitucionalista, Administrativista, Magister en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias, expersonero de Timaná y exconsejero de Paz del Huila.

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