opinión

Emisoras comunitarias ¿De y para la comunidad?

No se compadecería que se les pudiera olvidar a los mandatarios locales el precepto que les impone el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, a cuya voz le corresponde al Municipio entre varios asuntos, promover la participación comunitaria, cuyo escenario propicio lo constituyen las emisoras comunitarias, libres por historia, de naturaleza jurídica apolítica, y sin ánimo de lucro

OPINIÓN

Escrito por: MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO*

Al tenor del Decreto 2805 de 2008, el servicio comunitario de radiodifusión sonora se erige como un servicio público participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades de comunicación en el Municipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes, a través de programas radiales realizados por distintos sectores sociales, de manera que promueva el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.

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Como se colige, no se definió para estar al servicio parcializado de candidatos de la preferencia de quienes las dirigen administrativamente. Tampoco, para el servicio de quienes destilan odios por perder en la contienda electoral. Menos, aún, al servicio totalitario de aquellos que resultan ganadores de la misma.

Así, de ocurrir cualquiera de los anteriores acontecimientos, se le cercenarían, de un lado, a la emisora, el derecho a la libertad de expresión, el deber que le asiste de dar información veraz, oportuna y objetiva, y se le obstruirían las probabilidades de cumplir la misión social que le corresponde. Y, de otro lado, se les mutilarían a los ciudadanos los derechos de expresión y de información, que le son tan propios y fundamentales, al igual que las posibilidades de estrechar los vínculos entre sí y con la Administración y, con ello, todas las ventajas que de esto se derivan.

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Por lo anterior y, además, error craso comete su órgano de dirección y control si en lugar de defender su autonomía administrativa claudica ante el político ansioso de control y de poder en pos de  legitimar sus intereses partidistas y propósitos individuales.  Práctica cada día más común en los territorios. Precisamente, donde la Sociedad debe y tiene que confiar en ellas, dada la perentoria necesidad de que desempeñen un rol cada vez más comprometido con la promoción de la sana convivencia, los valores democráticos, la cultura, la paz, y el progreso local -entendido como el bienestar para todos- de las comunidades más apartadas. 

De ahí, que no se debe perder de vista que por su esencia pluralista y democrática, las emisoras comunitarias son la voz y los oídos del pueblo. Representan la democratización de la comunicación y la comunicación de la  democracia. Por eso, deben estar abiertas, siempre, a las experiencias e intervenciones libres y constantes de los diversos sectores sociales y de la diversidad de pensamiento de la población. Es entrelazarse con el sentimiento y pensar de las comunidades, para que sus necesidades, vivencias, expectativas, frustraciones y sueños sean conocidos y abordados por el gobernante, apuntando hacia su atención y  satisfacción.

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Y, por lo mismo, en ningún caso las emisoras comunitarias pueden estar a la orden de ningún actor en exclusividad o preponderancia.

Ellas deben ser concebidas y diseñadas para ser, particularmente, un servicio social independiente. Entrañan, en sí mismas, un emblema de libertad y un símbolo fidedigno de participación política, entendida esta como la intervención segura y no formal o aparente del ciudadano y de la comunidad en la toma, ejecución y control de las decisiones que les afecten, a cargo de las autoridades públicas, y no entendida la política simplemente como los actos inherentes al proselitismo, a las jornadas electorales.

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En consecuencia, tanto los directivos de las emisoras como los mandatarios locales deben ser respetuosos y conscientes de los linderos que demarcan sus propias competencias. Las emisoras comunitarias, aun estando en manos de concesionarios, pertenecen a la comunidad y son para la comunidad. Menos, todavía, podrían ser de la clase política ni de particulares ávidos de utilidades dinerarias.

No se compadecería que se les pudiera olvidar a los mandatarios locales el precepto que les impone el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, a cuya voz le corresponde al Municipio entre varios asuntos, promover la participación comunitaria, cuyo escenario propicio lo constituyen las emisoras comunitarias, libres por historia, de naturaleza jurídica apolítica, y sin ánimo de lucro.

He allí la apremiante tarea de valorarlas y, por ende, de apoyarlas, de  reclamar su amparo y de demandar su efectiva y real democratización. No obstante, que la Agencia Nacional del Espectro –ANE, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  –MinTIC, se encarga de planear estratégicamente el uso del espectro radioeléctrico, así como de su vigilancia y control en todo el territorio colombiano.

Timaná, Huila, 19 de febrero de 2020.

Manuel Salvador Molina

*Abogado Constitucionalista, Administrativista, y con estudios de Maestría en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias.

Ex personero de Timaná, Huila

Ex consejero Departamental de Paz del Huila

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