INFORME ESPECIAL

Consejo de Estado ordena sancionar a Cielo González Villa

El alto tribunal revocó un fallo de primera instancia que dejaba sin piso las sanciones impuestas a la ex gobernadora Cielo González Villa, entre otras, por el manejo irregular de dinero en la firma Tigsa

INFORME ESPECIAL

El Consejo de Estado dejó en firme las sanciones impuestas a la ex alcaldesa de Neiva, Cielo González Villa por el manejo irregular de excedentes de regalías petroleras en la firma Tigsa.

La inhabilitación fallada por la Procuraduría, le costó su anticipado retiro de la Gobernación del Huila, el 9 de enero de 2013.

No obstante, tres años después, el 11 de noviembre de 2014, la sanción fue anulada por el Tribunal Administrativo del Huila, argumentando que cuando se impuso la acción disciplinaria estaba prescrita.

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La corporación regional decretó la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia, argumentando que las dos decisiones se produjeron por fuera de tiempo.

Además, como consecuencia de esta decisión ordenó la cancelación de los efectos jurídicos del fallo (anulación de los antecedentes disciplinarios). Y revocó la multa impuesta cercana a los 17 millones de pesos.

Adicionalmente, a título de indemnización por perjuicios morales, el tribunal condenó a la Procuraduría al pago del equivalente a 20 salarios mínimos mensuales ($12,32 millones). La ex mandataria pedía cien salarios mínimos, más la devolución de los dineros que canceló como multa.

Por este caso, también fueron investigados el alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez, los secretarios de Hacienda y los tesoreros de las dos administraciones.

La Procuraduría impugnó en esa misma fecha. Esta decisión, al ser examinada en segunda instancia, fue anulada por el Consejo de Estado.

El fallo fue proferido por la Sección Segunda, con la ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández, respaldada por sus colegas William Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez.

La sanción

El fallo de la Procuraduría General fue proferido el 25 de julio de 2012 y el fallo de segunda instancia fue proferido el 6 de diciembre de 2012  surtiéndose la notificación por edicto fijado el 24 de diciembre de 2012 y desfijado el 27 siguiente,  según la constancia fechada el 4 de  enero de 2013, que provocó su retiro de la Gobernación.

La ex mandataria solicitó aclaración del fallo de segunda instancia el 27 de diciembre de 2013 resolviéndose negativamente el mismo día. La notificación se surtió por estado fijado el 4 de enero de 2013 quedando ejecutoriado el 4 de enero de 2013 de acuerdo con la constancia secretarial del mismo 4 de enero de 2013. La ejecutoria se produjo luego de transcurrir los cinco años que tenía la Procuraduría para tomar la decisión, a partir del 31 de diciembre de 2007, en que la demandante culminó su periodo como alcaldesa de la ciudad de Neiva.

La controversia

La ex mandataria argumentó que la Procuraduría incurrió en una indebida valoración de las pruebas, al no examinar las conductas de su tesorero, quien no tenía funciones para realizar la colocación de los excedentes (ordenada, según el Tesorero, por el secretario de Hacienda Luis Aníbal López)

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Según la Procuraduría no hubo indebida valoración probatoria y en su criterio lo que pretende la ex mandataria “es probar que como alcaldesa no tenía ningún tipo de control sobre los actos de sus funcionarios”.

“La conducta atribuida a la ex alcaldesa, explicó,  no se refiere a la atribución de funciones al Tesorero sino a la omisión de los deberes de dirigir la administración”.

“En este caso-añadió- se generó una omisión impropia de la alcaldesa por el conocimiento que tenía su despacho del riesgo de este tipo de inversiones lo que implicaba la necesidad de ejercer dirección, dando las órdenes pertinentes, ejerciendo los controles necesarios a efecto de evitar que se desbordaran”.

Adicionalmente, indicó que la responsabilidad disciplinaria es individual y por lo tanto no puede pretenderse una aplicación idéntica respecto de cada sujeto disciplinable que los casos juzgados son diferentes en el caso.

La prescripción

Según el Ministerio Público no operó tampoco la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto el fallo de primera instancia se profirió dentro del término de los cinco años. Advirtió que las decisiones proferidas dentro del proceso disciplinario no vulneraron el debido proceso sino que al contrario se garantizó en debida forma el derecho a la defensa y la valoración probatoria probatorio por lo que dijo estarse a lo resuelto por el tribunal

El procurador judicial de la época Benjamín Polanco también respaldó la apelación.

“En estas condiciones, dijo, la tesis adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila fue equivocada por contra en este caso no operó el fenómeno de la prescripción disciplinaria, como erróneamente lo estimaron los magistrados”.

Competencia

El Consejo de Estado por su parte indicó que la sentencia del 15 de noviembre del 2007 que anuló el fallo contra Gustavo Petro no despojó de competencia  al Procurador en tanto continúa vigente su atribución como máxima autoridad del Ministerio Público la cual emana directamente del texto constitucional. En otras palabras, el Procurador General de la Nación mantiene a plenitud la competencia para destituir, suspender, e inhabilitar a servidores públicos de elección popular.

Revocatoria

Según el Consejo de Estado “no le asiste razón al Tribunal Administrativo del Huila que al proferir sentencia el 11 de noviembre de 2014 desconoció los lineamientos para determinar la prescripción de la acción disciplinaria, que fijó en esa época la Sala Plena”.

“Al contrario, aplicó pronunciamiento que de ninguna manera constituye un precedente judicial”, anotó.

Tampoco se probó que existieran los controles debidos. “Al contrario, se aprecia en los libros de contabilidad de septiembre del 2007 que el entonces tesorero relacionó los depósitos de grandes sumas de dinero del municipio a favor de Tigsa sin que el secretario de Hacienda, Luis Aníbal López; ni la alcaldesa Cielo González hubieran tomado las medidas pertinentes para averiguar la razón de tales operaciones contables, el origen de la sociedad Fiducor o su relación con el ente territorial”, precisó el consejero de Estado Gabriel Valbuena.

A través de un fraudulento contrato fiduciario de propiedad de Tigsa, no del Municipio como lo aparentó la firma, se manejaron $12.000 millones en alto riesgo, que aún no se han devuelto en su totalidad.

“Ese escenario desmiente que su administración municipal tenía controles para tales efectos y que propuso que la inversión de los recursos de excelentes de regalías y de recursos propios se hicieran acatando la ley, con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y procurando que las inversiones no presentaran riesgos para el municipio”, afirmó el magistrado.

En su criterio, “no se evidenció en el proceso ningún control realizado por cielo González Villa o el señor Luis Aníbal López Rojas, secretario de Hacienda titular sobre los dineros que existían en el municipio proveniente de excedentes de liquidez de regalías y durante todo el segundo semestre de 2007 mientras finalizaba el período como alcaldesa de Neiva”.

“En consecuencia, reiteró,  la Sala Disciplinaria tuvo en cuenta la gravedad del comportamiento, la modalidad de la culpabilidad, los criterios de graduación contenidos en el Código Disciplinario Único de manera tal que se debe concluir que tampoco hubo desproporción de la sanción.

Conclusión

“Todo lo expuesto lleva a concluir que en este caso la Procuraduría General de la Nación no incurrió en violación al debido proceso por falta de competencia, error en la valoración probatoria, ni por violación al derecho a la igualdad frente a la situación de Héctor Aníbal Ramírez”.  Tampoco se incurrió en la violación de los principios de publicidad y contradicción por indebida notificación, así las cosas se revocará la decisión de primera instancia. En segundo lugar se negarán las pretensiones de la demanda”, precisó el magistrado Valbuena Hernández.

“En el caso concreto, y de acuerdo con todo lo anterior se advierte que hay lugar a condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante como quiera que resultó vencida en el proceso”.

Otros dos fallos en idéntico sentido han sido proferidos en el  último año por el Tribunal Administrativo del Huila, por otras dos sanciones impuestas en este caso, por un convenio interadministrativo con la Usco, que se tercerizó en favor de los hermanos Saavedra y otro por otorgar permisos sindicales.

Escrito por: RICARDO AREIZA SANDOVAL. Información tomada por cortesía del diario LA NACIÓN del Huila.

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