INFORME ESPECIAL

Ex alcalde Pedro Hernán Suárez podría volver a la cárcel

El ex alcalde de Neiva, acusado por las anomalías en la contratación del estadio ‘Guillermo Plazas’, está incumpliendo con los compromisos judiciales y podría regresar a prisión, según lo advirtió la Fiscalía. La Procuraduría solicitará que se revoque el beneficio de libertad condicional

INFORME ESPECIAL

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El anticipado nombramiento del ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez como coordinador del empalme del electo mandatario Gorki Muñoz puso a temblar de nuevo su libertad.

El anuncio realizado la semana pasada, días después de terminada la jornada electoral, lo puso contra la espada y la pared y le podría costar la suspensión de ese beneficio judicial.

El tema fue planteado ayer durante una audiencia de revocatoria solicitada por su defensa, como mecanismo para poder asumir ese y otros encargos con su fórmula a la Gobernación, Luis Enrique Dussán López.

El fiscal 17 seccional Carlos Alberto Ladino, advirtió que el ex funcionario, acusado actualmente por graves anomalías en el proceso de contratación de la fallida remodelación del estadio de Neiva, estaría incumpliendo con las obligaciones al haber sido designado como coordinador del empalme con la nueva administración.

El procurador Gersón Avilés, agente especial del Ministerio Público en este proceso, acogiendo este señalamiento anunció que de confirmarse estaría solicitando la revocatoria inmediata de la libertad “condicional” por una con detención efectiva.

La revocatoria

El abogado suplente Alfonso Mario Bonet García, solicitó la revocatoria de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, argumentando que habían desaparecido las motivaciones y fines que la originaron en diciembre de 2017 cuando recobró su libertad tras haber permanecido efectivamente detenido en las cárceles de Neiva e Ibagué.

Las medidas se fundamentaron entre otras razones para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Las medidas fueron apeladas. El Juzgado Primero Penal del Circuito revocó la medida de aseguramiento con detención efectiva el 4 de diciembre de 2017.

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“El despacho en su momento consideró que no se cumplían los fines  constitucionales de la medida que sirvieron al juez de primera instancia para ordenar la detención. Tampoco se cumplen los presupuestos jurídicos para imponer la medida privativa de la libertad”, argumentó el apoderado suplente, lo que desató la controversia judicial.

En cambio, el juez de segunda instancia,  le impuso medidas no privativas de la libertad, entre ellas presentarse periódicamente ante las autoridades el primer día hábil de cada mes, la prohibición de salir del país la prohibición de concurrir a ciertos lugares, en este caso la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila y al pago de una caución real equivalente a diez salarios mínimos mensuales.

Vencimiento

“Si bien los fines constitucionales deben estar vigentes para que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad no pierdan sustento, con el paso del tiempo perdieron su razón de ser, no tienen soporte, los fines alegados por la Fiscalía en este caso no están presentes”, alegó el apoderado Bonet García.

“Un año y once meses después de haber sido impuestas estas medidas ya cumplieron su fin y por lo tanto, ante este vencimiento, deben revocarse. Las medidas de aseguramiento tienen una vigencia de un año y en el caso de Pedro Suárez han pasado un año, once meses y dos días”, argumentó el jurista.

“Además, no puede alegarse que es un peligro para la sociedad, es un absurdo por ejemplo, creer que el fin del peligro para la comunidad se encuentra vigente por ejercer de manera legítima el derecho al trabajo, no es lógico asegurar que por ejercer este derecho puede volver a delinquir”, argumentó Bonet García.

Con  los mismos argumentos fue revocada las medidas que pesaban contra el exdirector de Deportes Carlos Alberto Ramos Parrací el 11 de enero de 2019.

“Además, las medidas no privativas, después de este tiempo no son necesarias, adecuadas, razonables, ni proporcionales y por lo tanto deben revocarse”, concluyó.

Dura advertencia

“Las medidas de aseguramiento no privativas, según la misma Corte Suprema de Justicia, no pierden vigencia. De tal manera que la petición es improcedente”, alegó el fiscal Ladino.

“Aquí  no se ha traído ningún elemento material probatorio idóneo y suficiente para desvirtuar  que ha desaparecido el peligro para la sociedad. Esta no es causal para solicitar el levantamiento de las medidas”, explicó el funcionario judicial.

El hecho de no haber sido elegido diputado tampoco es una causal, es una razón externa y ajena, y no deviene, de una decisión voluntaria, fue la votación la que llevó al traste a que él finalmente no vaya a tener algún vínculo con la Gobernación del Huila”, precisó el representante del organismo acusador.

Polémica certificación

“Además, para probar que no tenía ningún vínculo con la Alcaldía de Neiva, el señor Pedro Suárez envió una certificación en ese sentido. Sin embargo, hace unos pocos días, un periódico de amplia circulación regional informó que el señor alcaldes electo Gorki Muñoz designó al señor Pedro Hernán Suárez y al señor Jaime Ramírez Plazas, como las personas encargadas de adelantar el empalme de la antigua administración con la nueva administración”, expresó el fiscal Ladino.

“En esa medida, -añadió- este hecho desvirtúa de tajo, lo que el señor defensor aquí ha traído, que por demás constituye un claro incumplimiento a esa medida de aseguramiento no privativa de la libertad de acercarse a la Alcaldía”.

En ese sentido llamó la atención  porque “como candidato a la Asamblea, de haber salido electo, habría tenido contacto directo con la gobernación, y que no fue así, no porque él desistiera o renunciara a esa aspiración sino porque sencillamente no salió electo”.

“Y en el caso de la Alcaldía, está señalado de manera clara que el señor Pedro Suárez fue delegado por el alcalde electo para que adelante todo el empalme con la nueva administración”, concluyó el representante de la Fiscalía.

En esta medida- insistió- no sólo no se han tenido elementos materiales probatorios que tengan la suficiencia para señalar que esos fines constitucionales han desaparecido, sino, por el contrario, existe esa intención de incumplir con esas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad”.

¿Peligro de fuga?

“En el caso del vencimiento, este se refieren a las medidas privativas y no a las no privativas. Pero además, está claro que las medidas tendrán duración durante todo el proceso. En este caso, el argumento de la defensa no está llamado a prosperar”, contra argumentó el abogado Sheiber Cuenca Galindo, apoderado de víctimas.

“Además, no existe fundamento probatorio que indique que efectivamente los fines no se cumplen. Además que no existe ningún riesgo de fuga. Sin embargo esa fue no la motivación del juez de garantías al momento de imponerlas. Esa comparecencia es el cumplimiento de una obligación. En cambio nada dice sobre el levantamiento de la prohibición de salir del país”, anotó Cuenca Galindo.

Total desprecio

Las dos posiciones anteriores fueron respaldadas por el procurador judicial, Gersón Avilés, quien se opuso a la revocatoria de esas medidas.

“Me parece extraña la petición que hizo el abogado de la defensa porque para el Ministerio Público es un desprecio a la comunidad lo que ha hecho el señor Pedro Hernán Suárez al lanzarse a la Asamblea”, expresó el vocero de la Procuraduría.

“Precisamente, en un cargo de elección popular está siendo cuestionado penalmente en donde la ciudadanía le dio el aval para que manejara los dineros del Estado cometió estas conductas que si bien es cierto está sub júdice porque no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, es un cuestionamiento”, afirmó el funcionario.

“Pero además, el ex alcalde le dice a la comunidad huilense con desprecio: ‘me importa un carajo pero me lanzo a la Asamblea porque yo soy Pedro Suárez”, remató Avilés.

¿A prisión?

El Procurador aseguró que ante esas afirmaciones hechas por la Fiscalía, solicitará que se investigue el incumplimiento por parte del acusado al haber sido escogido como el coordinador del empalme y de esta manera tendría la administración de justicia que entrar a actuar de inmediato.

“Y de confirmarse solicitaré que se revoquen las medidas de aseguramiento no privativas  y se imponga una medida preventiva que puede ser en establecimiento carcelario porque estaría incumpliendo una de las medidas que le impuso la justicia”, anunció Avilés.

“Si lo está haciendo en estos momentos como Ministerio Público tengo que recurrir ante un juez de garantías y solicitar la revocatoria de la medida no privativa de la libertad”, advirtió el representante de la Procuraduría.

Asimismo anunció que le llamará la atención al juez de conocimiento por las excesivas demoras en el trámite del proceso penal.

Negativa

La Juez Cuarta Penal Municipal con función de control de Garantías, soportado en estos y otros fundamentos jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la solicitud y cuestionó la decisión del ex mandatario al haberse postulado nuevamente para la Asamblea.

“En este caso, el señor Pedro Hernán Suárez ha inobservado ese mandato de no acercarse, de no tener contacto con la administración municipal ni con la Gobernación del Huila porque difícilmente puede haber emprendido toda esta faena política, sin haber acudido a estos entes”, advirtió la jueza de garantías, Diana Lorena Medina Trujillo.

“Las razones que originaron las medidas de aseguramiento no privativas no han desaparecido o por lo menos no fueron desvirtuadas. Por lo tanto, las peticiones para la revocatoria resultan improcedentes”, precisó la funcionaria.

“El anuncio de presentarse a la Asamblea para seguir sirviendo a la sociedad, como lo aseguró la defensa, resulta censurable, por decir lo menos”, aseguró la funcionaria al rechazar de plano la revocatoria de las medidas. Aun así, el abogado interpuso el recurso de apelación.

El abogado Ivan Cancino anunció que la próxima semana volverá a presentar la misma solicitud. “Grave error de interpretación de la juez en decisión”, señaló en su cuenta en Tweeter. “La semana entrante volveremos a solicitar eliminar las medidas no privativas que tiene Pedro. Y a la Procuraduría y Fiscalía del caso que no amenacen que hagan! Nosotros sabremos defendernos”, afirmó.

Escrito por: RICARDO AREIZA SANDOVAL. Información tomada por cortesía del diario LA NACIÓN del Huila.



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