INFORME ESPECIAL

Cuatro candidatos al concejo de Pitalito están inhabilitados, según la Procuraduría

Todos estos nombres están inmersos en las inhabilidades contempladas en la Ley 617 del año 2000, artículo 40.

INFORME ESPECIAL

De acuerdo al informe entregado por la Procuraduría General de la Nación, remitido al Consejo Nacional Electoral, dando cuenta de los candidatos a diferentes cargos de elección popular que aspiran en las próximas elecciones del 27 de octubre, y que estarían impedidos para ser electos, el municipio de Pitalito salió damnificado con cuatro aspirantes al concejo.

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Todo parece indicar que a la hora de hacer las inscripciones, las directivas de los partidos políticos no vieron con suficiente lupa la hoja de vida de estas personas, que en todo el país, según el ente de control disciplinario, arrojó la cifra de 694 aspirantes a ser electos, de los cuales hay varios en el departamento del Huila, ante todo aspirantes a diferentes concejos de varios municipios.

Para el municipio de Pitalito, la Procuraduría General de la Nación vetó los nombres de Arnulfo Joven del partido Colombia Humana-Unión Patriótica; Antonio Claros del partido Cambio Radical; Arnulfo Cuellar del partido Alianza Verde; y Javier Francisco Salazar Arboleda del partido de la U.

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Todos estos nombres están inmersos en las inhabilidades contempladas en la Ley 617 del año 2000, artículo 40.

Este artículo reza textualmente:

ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.Jurisprudencia Vigencia

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha.”

De acuerdo a esta revelación emanada del alto ente disciplinario, el Consejo Nacional Electoral se reserva el derecho de no incluir estos nombres en el Tarjetón Electoral y de revocar la inscripción de los mismos ante la Registraduría del Estado Civil.