INFORME ESPECIAL

Suboficial que perteneció al Batallón Magdalena fue condenado por falso positivo

El Tribunal Superior de Neiva revocó la absolución decretada contra uno de los soldados que ejecutó a dos jóvenes drogadictos en un ‘falso positivo’ en Suaza (Huila). Los demás ya habían sido condenados y hacen cola en la Jurisdicción Especial para la Paz.

INFORME ESPECIAL

La extraña absolución del soldado que disparó en un falso combate contra dos indigentes, vestidos de guerrilleros, fue revocada. El otro militar demostró que aunque estuvo en el sitio del doble crimen, nunca disparó su arma de dotación.

Los dos militares hacían parte de la compañía Azteca del  batallón Magdalena, a la que le atribuyen numerosas ejecuciones extrajudiciales. Entre ellas las de los dos jóvenes drogadictos Juan Perdomo Claros y Albert Augusto Lizcano Cedeño.

El primero desapareció de Neiva el 11 de febrero de 2008. Era el hijo de una antigua funcionaria de la Contraloría.  Perdomo Claros vendía bolsas para la basura, anunciaba rutas de buses y tenía adicción a sustancias  estupefacientes. El segundo laboraba en  un taller de montallantas en Garzón y tenía problemas de drogadicción. Ese mismo día fue reclutado en Garzón cuando se dedicaba a la pesca.

Los dos muchachos eran civiles ajenos al conflicto armado.  Sin embargo, aparecieron uniformados y  a su lado encontraron armas cortas y una granada, “plantadas por los militares para fingir el ataque.

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El sargento segundo William Andrés Capera Vargas, comandante Azteca 2, el ‘cerebro’ de los falsos positivos, reconoció que ese día reclutó a tres jóvenes y que los tuvo en el campamento. El tercer retenido no apareció en este ‘falso positivo’.

La confesión se la hizo a un soldado que servía como ranchero en el batallón Magdalena de Pitalito. El ranchero era el cuñado de uno de los muertos.

Este caso emblemático de las ejecuciones extrajudiciales en el Huila fue acogido y será estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente figura entre los casos prioritarios que abordará la Jurisdicción Especial de Paz.

Falso combate

El falso combate’ fue simulado hace nueve años en una zona montañosa en Suaza (Huila). Los dos jóvenes drogadictos fueron secuestrados, uniformados y luego acribillados por una patrulla militar, fingiendo un ataque armado que resultó un montaje, planeado por el sargento segundo William Andrés Capera, condenado por otros crímenes perpetrados en similares circunstancias.  Por esos ‘falsos positivos’ los militares no solo recibieron condecoraciones. También recompensas económicas y múltiples asuetos.

La supuesta operación’ fue desarrollada en la vereda Divino Niño en desarrollo de la misión táctica No. 0321. quien dio la orden de la operación Soberanía, misión táctica Felino. Capera, ya condenado por otros homicidios, informó que el operativo comenzó hacia las 12:10 de la noche. Diez soldados hacían parte del comando, dirigido por el cabo Óscar Cárdenas Sánchez.

De ellos, sólo fueron absueltos José Perenguez Ortiz y Yil Fredys Ortega Pipicano por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado el 26 de mayo de 2017. La Fiscalía y el representante de víctimas impugnaron la insólita decisión.

Juan Carlos Perdomo Claros, víctima

“Se trata de un homicidio fuera de combate, no hubo ningún enfrentamiento armado y fue un montaje para darle apariencia de un combate”, reseñó la Fiscalía en su apelación

Según Capera, los dos soldados hacían parte del personal que participó y disparó contra los dos jóvenes. El señalamiento está consignado en un informe de operaciones reportado al comandante del batallón Magdalena, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, hoy comandante de la Brigada 13 con sede en Bogotá.

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El oficial firmó la orden de operaciones y emitió la misión táctica “Felino 0321” que terminó en un “falso positivo”.

Los campesinos de la zona desmintieron que existiera presencia de grupos armados en esas fechas y acoso por parte de extorsionistas, lo que había servido para simular el combate. Uno de ellos declaró que el sargento Capera le solicitó que declarara que estaba siendo extorsionado.

El crimen

El joven neivano fue retenido ilegalmente en la noche del 11 de febrero. Luego fue asesinado el 15 de febrero de 2008 con otro indigente reclutado en Garzón en un combate fingido. El sargento segundo William Andrés Capera Vargas, comandante Azteca 2, el ‘cerebro’ de los falsos positivos, reconoció que ese día reclutó a tres jóvenes y que los tuvo en el campamento. El tercer retenido no apareció en este ‘falso positivo’.

La confesión se la hizo a un soldado que servía como ranchero en el batallón Magdalena de Pitalito. El ranchero era el cuñado de uno de los muertos.

Macabro hallazgo

La Unidad de Policía Judicial desplazada hasta Suaza para realizar el levantamiento de los cadáveres reportó múltiples inconsistencias.

Los cuerpos sin vida estaban en la vereda La Palma (no en el Divino Niño como señalaba el reporte oficial). El sitio tampoco estaba acordonado, como lo reportó Capera. No tenían identificación. Y usaban ropa con tallas superiores que no correspondían a las que llevaban cuando fueron secuestrados.

Las víctimas presentaban cuatro impactos de fusil “esencialmente mortales, según el protocolo de necropsia, dos propinados por la espalda y dos de frente.

Según la Fiscalía “a esas personas le dispararon cuando se encontraban en el suelo y a una distancia de unos tres metros ya que presentan anillos de contusión”.

“Se trató de una ejecución extrajudicial de dos civiles, reclutados para darles muerte, y presentarlos como integrantes de una organización irregular dedicada a la extorsión, muertos en combate”, concluyó el magistrado que resolvió la segunda instancia.

“Las víctimas,-concluyó- al no tener la condición de combatientes, ni participar en las hostilidades propias del conflicto armado interno colombiano, tenían el carácter de civiles, y como tal, gozaban del estatus de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario”.

“Juan Perdomo Claros y Albert Augusto Lizcano Cedeño eran personas ajenas al conflicto armado, residían en Neiva y Garzón, respectivamente, fueron interceptados vivos y aparecen muertos en la vereda “La Palma” de Suaza por tiros de fusil que disparó el Ejército”, precisó el Tribunal Superior.

Además, se probó que junto a sus cuerpos aparecieron dos armas de fuego y una granada, colocadas adrede para fingir u  combate que nunca existió.

Nueva valoración

Los magistrados al examinar el caso en segunda instancia respaldaron la investigación de la Fiscalía. Los elementos probatorios recaudados durante la investigación acreditan la responsabilidad de los procesados, que prevalidos de su condición de militares decidieron ultimar a los aludidos ciudadanos y presentarlos como miembros de un grupo guerrillero muertos en combate, portando tales armas de fuego y municiones de uso privativos de las fuerzas militares para hacer aparentar un combate cuando eran civiles ajenos al conflicto y esgrimir que actuaron en legítima defensa”, precisaron.

En estas condiciones, estimaron que los militares acusados deben responder a título de coautores de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas en razón a las colocadas a las víctimas, distintas a las de uso oficial.

Primeras condenas

Con anterioridad, los ocho militares que participaron fueron acusados en diciembre de 2012. La Procuraduría Delegada para Derechos Humanos también les abrió la investigación disciplinaria y los destituyó.

Los uniformados fueron condenados a 40 años de prisión como responsables del crimen en calidad de coautores. La sentencia condenatoria fue proferida el 11 de diciembre de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva.

Capera Vargas fue capturado el 19 de agosto de 2016 en Medellín. El ex militar de 37 años y natural de Honda (Tolima) fue condenado a 240 meses de cárcel el 24 de noviembre de 2016. Francisco Adrián Álvarez Calderón, un mayor del Ejército, quien fue condenado a 46 años de prisión.

Nuevo fallo

Por el doble crimen, fueron condenados el cabo segundo Oscar Cárdenas Sánchez, y los soldados profesionales Julio César Ramos Zapata, José Fidel Orjuela López, Jairo Alfonso Carvajal, Felipe Andrés Calderón, Henry Lozano, José Aníbal Trujillo Hernández, Juan José González como responsables del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Todos se acogieron a la JEP.

Los absueltos

José Perenguez Ortiz y Yil Fredys Ortega Pipicano en cambio fueron absueltos en esa época. Ahora, Perenguez Ortiz, el hombre que disparó sobre los cuerpos estando acostados en el piso, acaba de recibir ejemplar condena.

El militar fue condenado a 540 meses de prisión  (45 años) como coautor penalmente responsable de homicidio agravado en persona protegida, en concurso con porte ilegal de armas. Además, lo sentenció al pago de una multa equivalente a 2.666 salarios mínimos mensuales (unos 2.300 millones de pesos aproximadamente). Igualmente como pena accesoria lo inhabilitó por 20 años para ocupar o ejercer cargos públicos.

Finalmente le negó la suspensión de la ejecución de la pena y el beneficio de detención domiciliaria. Aunque Yil Fredis Ortega Pipicano, aparece en el listado del personal que disparó, finalmente en la relación oficial sobre el uso de municiones se comprobó que no gastó el material asignado. Por esa razón el juez de segunda instancia confirmó la absolución.

Otras condenas

Por este doble crimen, el Tribunal Administrativo del Huila condenó al Estado a pagarle a los familiares de las dos víctimas civiles, una cuantiosa indemnización. Adicionalmente, el Tribunal Administrativo del Huila ordenó medidas morales de carácter simbólico y colectivo, no materiales. En este sentido ordenó al Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional-, previo consentimiento de los afectados (si lo aceptan), un acto público de disculpas dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia. El acto simbólico deberá realizarse en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila a cargo del Comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena y del Comandante de la Novena Brigada con la presencia de los familiares de la víctima. El fallo no se ha cumplido hasta el momento.

Escrito por: RICARDO AREIZA SANDOVAL. Información por cortesía del diario LA NACIÓN del Huila.