NOTICIAS JUDICIALES

Horripilante asesinato de un bebé de 7 meses en la Guajira

Con el asesinato de Samuel David, queda al descubierto la sistematicidad de los homicidios, las amenazas, las estigmatizaciones y ataques que han venido soportando las personas que decidieron cumplirle al país dejando las armas, para llevar en sus brazos la vida de las nuevas generaciones, que son fruto de la salida negociada por el Estado colombiano y una de las guerrillas más antiguas del continente

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El pasado 13 de abril la pareja junto con su hijo se encontraban en el departamento de la Guajira, lugar donde se registró el ataque, resultando asesinado el bebé Samuel David de 7 meses de nacido, sus padres se encuentran en delicado estado de salud por las graves heridas que recibieron con arma de fuego (1), estos hechos reflejan el reiterado y sistemático incumplimiento de la implementación de los acuerdos firmados por la Farc y el Estado Colombiano.

Samuel David es uno de los cientos de niños y niñas considerados “hijos de la paz”, que nacieron en las zonas de reincorporación tras la firma de los acuerdos de paz; es necesario recordar que los niños y niñas que han nacido en las zonas posterior a la firma de los acuerdos, no han tenido garantías para el pleno goce de los derechos humanos y fundamentales, así mismo es evidente la falta de voluntad política por parte del Estado colombiano por respetar el principio del interés superior de la niñez.

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En la mayoría de los casos se logró identificar que las mujeres ex integrantes de FARC, que quedaron en embarazo no recibieron los respectivos controles prenatales, ni atención médica oportuna y adecuada, en el momento del nacimiento de sus hijos, tampoco se prestó el respectivo cuidado idóneo a las madres ni a los recién nacidos.

Con el asesinato de Samuel David, queda al descubierto la sistematicidad de los homicidios, las amenazas, las estigmatizaciones y ataques que han venido soportando las personas que decidieron cumplirle al país dejando las armas, para llevar en sus brazos la vida de las nuevas generaciones, que son fruto de la salida negociada por el Estado colombiano y una de las guerrillas más antiguas del continente.

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Es lamentable ver como el actual gobierno a la fecha no se ha pronunciado, ni ha rechazados los hechos, sin embargo el pasado 11 de marzo en la alocución presidencial Iván Duque informó al país de manera socarrona, el motivo por el cual objetaba seis artículos de la ley estatutaria de la JEP; uno de los pretextos que esgrimió Duque, “es la protección de los niños y niñas que han sido víctimas”.

Es hipócrita e incoherente esta clase de argumentos del gobierno nacional, teniendo en cuenta, las cifras de violencia perpetrada en contra de los niños, niñas y adolescentes son desgarradoras.

En los últimos años se ha presentado un notorio incremento en múltiples violencias que a diario se cometen, bajo la mirada omisiva e indiferente del Estado Colombiano.

Paradójicamente el homicidio de Samuel David se presenta en uno de los departamentos más afectados por los altos índices de muerte de niños y niñas por desnutrición y total abandono en el que se encuentra la población infantil, a esta situación se suman las estadísticas de medicina legal, entidad que registro en el periodo de enero a febrero de 2019 el homicidio de 79 niños y niñas en edades comprendidas entre 0 y 17 años de edad (2) y en esa misma franja poblacional se identificaron más de 43 suicidios (2) en este mismo periodo.

Si fuera cierta la preocupación del presidente Duque, dejaría de vilipendiar a la población infantil del país y tomaría las medidas necesarias y urgentes para atender estos casos, previniendo las agresiones cometidas en contra de las personas que se encuentran en proceso de reincorporación, así como la atención integral de los niños y niñas que se encuentran en los espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación.

Si existiera la honestidad y transparencia por parte del gobierno Duque, desde el mismo instante en el que se registró el homicidio del bebé Samuel David habría tomado cartas en el asunto, y se estaría dando celeridad a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Es prioritario evitar que estos graves crímenes se vuelvan a presentar, máxime cuando el Estado colombiano es el actual garante de la integridad de los y las hijas de la paz.

Escrito por: ERIKA GÓMEZ ARDILA. Abogada y Defensora de Derechos Humanos de Humanidad Vigente Corporación Jurídica.