INFORME ESPECIAL

Detenidos por el homicidio de Luis Gerardo Ochóa podrían quedar en libertad por vencimiento de términos

El nuevo revés sufrido por la Fiscalía, tendrá repercusiones. Lo más grave: las mismas evidencias materiales soportan la investigación que se adelanta contra los demás implicados

INFORME ESPECIAL

El alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, podrá defenderse en libertad. Los cargos que le formuló la Fiscalía como supuesto determinador del crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa comenzaron a desplomarse.

La juez Cuarta Penal del Circuito de Neiva revocó la detención domiciliaria proferida el 30 de octubre. En un duro pronunciamiento aseguró que la Fiscalía no pudo justificar los dos argumentos claves para incriminarlo en el homicidio del ex personero, ocurrido el 6 de abril de 2017.

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“Los elementos probatorios y la evidencia física aportados por la Fiscalía no infiere razonablemente que el imputado alcalde sea uno de los determinadores del homicidio agravado de Luis Gerardo Ochoa y coautor del delito de porte de armas”, aseguró la funcionaria al resolver la apelación que formuló su defensa.

Curiosamente, la abogada de las víctimas se excusó de concurrir a la audiencia. En cambio, lo hizo inusualmente un delegado de derechos humanos de Naciones Unidas.

“No tengo nada que ver con un hecho que se me ha imputado. Ha sido un dolor muy grande para toda la familia, pero creo que esta no es un persecución política”, afirmó Rico Rincón.

“Soy profunda respetuoso de los jueces. En este caso la Fiscalía tiene la obligación de investigar a fondo y determinar quiénes son los verdaderos culpables del doctor Ochoa”, agregó. El funcionario asistió con su esposa y otros familiares. El presidente del Concejo Juan Aranda, también lo acompañó.

Argumentación

La Fiscalía no fundamentó debidamente la inferencia razonable, que constituye la médula de la investigación. Aunque anunció 7.000 documentos y tiene 600 testigos, en esta primera fase, las pruebas aportadas no funcionaron.

La imputación fue soportada sólo en dos declaraciones y algunos documentos que aportó el abogado Cesar Sierra Avellaneda, gerente de la constructora Soginco explorando un principio de oportunidad que nunca se concretó. Nada más.

El interés del mandatario laboyano en el proyecto urbanístico y sus nexos con Mauricio Parra, quien aportaría los recursos para su financiación, en el caso de la Fiscalía no fueron soportados en debida forma. Ese material probatorio en poder del ex gerente de la constructora, es parte de su defensa y por lo tanto no podrá ser utilizado por la Fiscalía. Es más tendrá que devolverlo.

El segundo testimonio que aparentemente demostraría el origen y planeamiento del homicidio fue aportado por Yeferson Polo, el mesero  de confianza de Mauricio Parra Rodríguez, actualmente detenido por lavado de activos.

El testigo permanece detenido en la cárcel del distrito judicial de Neiva, desde donde denunció  supuestas presiones de la Fiscalía.

“La inferencia razonable, en el caso de Miguel Antonio Rico Rincón, como determinador del homicidio de Luis Gerardo Ochoa, se construyó sólo en un supuesto interés que tenía el burgomaestre en el proyecto urbanístico ‘La Voz de Dios’, basado en el testimonio del gerente de la constructora. Pero no aportó ninguna otra evidencia”, afirmó la juez.

Cesar Alberto Sierrea Avellaneda, Yeferson Polo Mejía y Mauricio Parra Rodríguez

Además, se basó en la versión que entregó Yeferson Polo,  el mesero de confianza de Mauricio Parra sobre una reunión sostenida en la terraza del hotel Gran Plaza de Pitalito, donde se habría planeado el homicidio. Polo aseguró que escuchó cuando el pastor Edgar Núñez recibió una llamada del alcalde, insistiendo en ‘sacar del camino al abogado Ochoa”.

“El testimonio no es espontáneo, no es claro ni creíble ni razonable”, expresó la funcionaria judicial al cuestionar la valoración que de él hizo la Fiscalía.

En el caso de Sierra Avellaneda la juez de segunda instancia advirtió que su versión no fue soportada a pesar del tiempo que tuvo la Fiscalía para documentarla. Y por lo tanto, como solo testimonio no compromete al alcalde como supuesto determinador.

“Simplemente contextualiza la relación que el imputado tenía con el proyecto urbanístico que puede constituir conductas atentatorias contra la administración pública”, precisó.

“¿En dónde está el grado de persuasión de Rico Rincón? ¿Con qué material probatorio lo respalda o se basa la Fiscalía en meras especulaciones?”, se preguntó la funcionaria judicial al resolver la apelación.

Además, desechó de plano la imputación de coautoría en porte ilegal de armas.

“La Fiscalía no logró demostrar cómo se suministraron las armas supuestamente utilizadas, que conducta o aporte efectuó, Nunca aportó los documentos que demostraran que el imputado carecía del permiso para tenencia o  porte   de armas de fuego, error de la señora  fiscal que fue pasado por alto por el juez de primera instancia que no se detuvo a analizar aspectos tan significativos y trascendentes para privar de la libertad al imputado”, afirmó la funcionaria judicial.

“Es claro, entonces- añadió- que si la argumentación de la fiscal delegada era abstracta, general, imprecisa e indiscriminada, sobre ella no se podía edificar una inferencia razonable de coautoría o participación para dictar medida de aseguramiento”. “La Fiscal debió abstenerse de hacerlo y no preocuparse por hacer malabares probatorios y jurídicos para soportar la medida de aseguramiento que decretó”.

La Corte Suprema de Justicia- agregó- censura ese procedimiento al señalar que “esa solidaridad de cuerpo  de los administradores de justicia con las falencias de la Fiscalía  con el propósito de salvar el proceso se llevan libertades fundamentales como el derecho a la defensa y el debido proceso.

Finalmente estimó que no existe ningún grado de probabilidad  que se echa de menos en la actuación ni las pruebas requeridas para establecer la posible inferencia sobre su participación.

Al no cumplirse este requisito la jueza se abstuvo de examinar los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento y decidió revocar la detención domiciliaria proferida el 30 de julio de 2018.

En estas condiciones, el alcalde podrá continuar ejerciendo el cargo hasta terminar su mandato, aunque seguirá vinculado al proceso penal que se adelanta contra otras diez personas, entre ellos el pastor Edgar Núñez, Mauricio Parra, investigado por narcotráfico y lavado de activos y los supuestos autores materiales del homicidio.

Los efectos

El nuevo revés sufrido por la Fiscalía, tendrá repercusiones. Lo más grave: las mismas evidencias materiales soportan la investigación que se adelanta contra los demás implicados.

Al abortarse la posibilidad de un preacuerdo con el gerente de la constructora, la Fiscalías se quedó sin las pruebas materiales y elementos probatorios para lograr la condena de todos los implicados.

Por el contrario, los demás acusados, entre ellos Mauricio Parra, podrían quedar en libertad por vencimiento de términos como lo denunció oportunamente LA NACIÓN.

En noviembre pasado fueron prorrogadas las medidas de aseguramiento contra el primer grupo. Sin embargo, ante la imposibilidad de realizar el extenso descubrimiento probatorio,

Sierra Avellaneda rindió varias declaraciones ante funcionarios del grupo especializado para investigar los delitos de homicidios de alto impacto (Gespol), luego ante fiscales de la Unidad de Vida y finalmente ante la Unidad de Lavado de Activos.

Sin embargo, por un inesperado giro en la investigación el preacuerdo se frustró.

En su criterio, la Fiscalía comenzó a construir una teoría del caso sobre una historia que nunca ocurrió, y para justificarla, como afirmó la jueza de segunda instancia, usó “malabares probatorios y jurídicos para soportar la medida de aseguramiento que decretó.

Los nexos

Sin embargo, los nexos entre el mandatario y los promotores e inversionistas del complejo arquitectónico están probado y documentado legalmente. Solo que la Fiscalía no obtuvo las pruebas que le ofrecieron para construir la teoría del caso y determinar los orígenes del homicidio.

Las anomalías en el proceso de construcción fueron develadas por Ochoa Sánchez  a mediados de marzo de 2017 durante una reunión con los eventuales beneficiarios. Ese día, según la convocatoria, se definiría la firma que habría de ejecutar el proyecto de vivienda.

A la reunión no asistieron los tres oferentes, como se había promocionado. Solo asistió la constructora Soginco, legalmente representada por Cesar Alberto Sierra Avellaneda con la suplencia de Mauricio Parra Rodríguez.

Ochoa Sánchez, en representación de algunos beneficiarios, tomó la palabra y develó algunas irregularidades, que en su opinión, debían denunciarse penalmente.

Luis Mario Colorado Rodas, Mauricio Ortíz Parra y Edgar Núñez Guzmán

Entre otras, que la fundación  religiosa Café, liderada por el pastor Edgar Núñez y Luis Mario Colorado Rodas no tenía el carácter de constructora ni era una asociación de vivienda. Tampoco que el pastor podía captar dineros del público y menos ‘vender cupos’ a particulares interesados en adquirir vivienda o apartamentos.

Además, develó los antecedentes penales de Mauricio Parra y Edgar Núñez, ambos condenados en el pasado.

El primero por narcotráfico y lavado de activos. El segundo condenado en el 2010 por delitos contra el patrimonio económico (estafa).

Aun así, fue nombrado en la Secretaría de Planeación, encargada de aprobar esos proyectos. El pastor desde esa condición había promovido la candidatura de Rico Rincón y había comprometido su voto con otros candidatos a la Gobernación.

El gran negocio

La fundación Café, con una clara orientación religiosa, le había enajenado a la constructora los terrenos donde se proyectaba el complejo de apartamentos. El negocio privado quedó debidamente registrado ante las autoridades competentes

El lote, avaluado en 6.000 millones de pesos, había sido vendido por 800 millones de pesos a la constructora bogotana, sin autorización de los beneficiarios.

La ciudadela ‘La Voz de Dios’, había sido lanzada a mediados de diciembre de 2016 como un complejo de lujosos apartamentos  y no como un proyecto de vivienda de interés social como se planteó inicialmente.

El día del lanzamiento del programa urbanístico La Voz de Dios

Al lanzamiento del conjunto habitacional asistieron, entre otros el senador Iván Name Vásquez de la Alianza Verde y Edgar Espíndola Niño, ex senador de Opción Ciudadana y líder pentecostal y el ex contralor General de la República Julio César Turbay Quintero.

Después asistieron gobernadores, congresistas, candidatos a la Gobernación y dirigentes políticos y hasta directivos de los organismos de control, según los expedientes en poder de la Fiscalía.

El material probatorio tendrá que descubrirse en las audiencias preparatorias que se vienen aplazando en forma sucesiva. El peligro, es que ante la debilidad de las pruebas, los implicados, incluyendo Mauricio Parra, puedan quedar en libertad alegando vencimiento de términos, como lo denunció recientemente LA NACIÓN.

Los capturados

Según la fiscal el pastor Edgar Núñez Guzmán y su socio Luis Mario Colorado, fueron determinadores del crimen. Igualmente imputó cargos en calidad de determinadores a Mauricio Parra Rodríguez y al alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón. En este último caso no se acreditó la inferencia y en esa condición, se revocó la medida de aseguramiento. No obstante, la imputación sigue vigente.

Mosaico de los detenidos por el crimen de Luis Gerardo Ochóa Sánchez

Como autores materiales tambien fueron capturados Estiwuar Sterling Santacruz, Campo Elías Salas Murcia, Mauricio Murcia Orjuela y Héctor Alexis Flórez fueron capturados. Después fue capturado Yeferson Polo. El comerciante Mauricio Ortiz Parra, también capturado, recibió el dinero aportado por Parra Rodríguez y habría aportado las armas.

Eduardo Villanueva Murcia, (alias ‘Boleta’), confesó su participación y fue condenado en sentencia anticipada en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía refrendado el 23 de noviembre de 2017.

Informe escrito por RICARDO AREIZA SANDOVAL. Publicado por cortesía del diario LA NACIÓN del Huila .