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Mauricio Parra no tiene dinero para pagar abogado dentro del proceso de Luis Gerardo Ochóa

Parece paradógico que un empresario que venía manejando miles de millones de pesos, ahora se declare insolvente para contratar apoderados en su propia defensa

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Mauricio Parra Rodríguez, alias “El Quesero”, vinculado como presunto determinador en el homicidio del abogado laboyanao Luis Gerardo Ochóa Sánchez, no tuvo dinero para pagar un abogado en la audiencia programada para el pasado lunes 04 de febrero, razón por la cual la Juez aplazó la misma.

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Parra Rodríguez, el hombre a quien la Fiscalía capturó el 12 de septiembre de 2017 por su presunta participación en el crimen del empresario de Surtifruver Alonso Orjuela, y a quien le confiscaron 65 bienes inmuebles, avaluados en 57 mil millones de pesos, vinculado posteriormente al proceso por el homicidio del abogado Laboyanao, manifestó desde la cárcel Modelo de Bogotá, que no podía hacer parte de la audiencia del lunes pasado porque no tiene recursos económicos para pagar apoderado.

Luis Gerardo Ochóa Sánchez, abogado asesinado 

La audiencia a la cual hacemos alusión, es la preparatoria de juicio por el homicidio del abogado Luis Gerardo Ochóa Sánchez, ocurrido el jueves 06 e abril de 2017, y por el cual este empresario fue vinculado como uno de los presuntos determinnadores .

Para volver a realizar otra audiencia en la cual participe Parra Rodríguez, tendrá que el ministerio público nombrar un apoderado de oficio para que lo asista en la misma y garantizar sus derechos procesales.

Sin embargo, parece paradógico que un empresario que venía manejando miles de millones de pesos, ahora se declare insolvente para contratar apoderados en su propia defensa.

Desde hace un buen tiempo, los abogados de los implicados como presuntos sicarios y determinadores en el asesinato del abogado Ochóa Sánchez, juegan a la dilatación del proceso, aunque los términos fueron prorrogados por la Fiscalía del caso y no tendrían oportunidad de salir libres por vencimiento de los mismos.

Algunos expertos en derecho penal, dicen que tratándose de un proceso de esta complejidad, donde el acerbo probatorio no es fácil de rebatir, los apoderados podrían estar jugando a la dilatación del proceso para que se realicen varias audiencias, y así poder cobrar más honorarios a sus defendidos.